El secretario técnico del Grupo Impulsor del Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas de Ayacucho, Gotardo Miranda Gutiérrez, anunció que para el próximo 10 de abril se presentará el Plan de acción contra la trata de personas, el mismo que se aplicará en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
Gotardo Miranda señaló que la trata de personas es un problema que compromete de diferentes instituciones del gobierno, sociedad civil y cooperantes. “Sin duda es una tema que requiere de la urgente atención de los distintos niveles de gobierno, la sociedad e instituciones”, indicó a INFOREGIÓN.
Mirando manifestó que es el Gobierno Regional quien debe aprobar el Plan a través de una ordenanza regional. “Luego de entrar en vigencia, deberá ser de cumplimiento obligatorio para los operadores de justicia, las instituciones del Estado y los gobiernos locales”, dijo.
Miranda indicó que la propuesta ha sido inclusiva, participativa y ha recogido los puntos de vista de los diferentes actores sociales a través de seminarios organizados por instituciones integrantes del Grupo Impulsor, charlas en centros educativos, socialización en medios de comunicación, y otros.
De otro lado anunció que una vez publicada la norma, se podrá mejorar la intervención en las zonas del VRAE, donde se presentan la mayor cantidad de casos. “Necesitamos los argumentos legales adecuados para intervenir con contundencia”, indicó.
Para el 11 de abril se anunció el seminario “Tratamiento de la información del delito de Trata de Personas en los Medios de Comunicación Social”, que se realizará en el auditorio de la Defensoría del Pueblo. En el evento se entregará a los asistentes materiales de información que permitirá a los comunicadores y periodistas incorporar el tema en la agenda regional.
Cabe recordar que es la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho la que preside dicho grupo. Lo integran también los representares de la Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Huamanga, Policía Nacional del Perú, Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Trabajo, la Dirección Regional de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio Publico, Poder Judicial, COMISEDH, CORESEC, Beneficencia Pública y la Gobernación Regional.