La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley (presentado el mismo día), que amplía una vez más por 30 meses la culminación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú (DRP).
Según el dictamen, el complejo metalúrgico podrá reiniciar sus operaciones siempre y cuando “cumpla con los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y las obligaciones contenidas en el Plan de Contingencia de Estados de Alerta por contaminación de Aire”.
Sobre la culminación del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya (que ha pospuesto desde que DRP compró la fundición a Centromín Perú en 1997), el proyecto de ley propone un plazo de 24 meses y para la puesta en marcha y arranque otros seis meses.
También señala que “la empresa se obliga a realizar las acciones necesarias que aseguren que las actividades del Complejo no afectarán la salud de la población de La Oroya”
Asimismo, indica que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informará semestralmente a las Comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, respecto a los avances y culminación del Proyecto, el cumplimiento de las obligaciones y condiciones ambientales del complejo y de la adecuación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Permisibles (LPM).
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (OSINERGMIN) también informará semestralmente a las comisiones señaladas respecto de los avances en la ejecución y culminación del Proyecto y otros asuntos de su competencia.
“En caso de no cumplir con lo estipulado en la norma, se ordenará el cese total de las operaciones y el cierre definitivo del complejo metalúrgico, ejecutándose las garantías a favor del Estado”, indica el documento.
Sobre el particular, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, indicó que la norma sólo pretende ampliar el PAMA y no busca mejorar las condiciones de salud de los pobladores de La Oroya.
“Este proyecto no busca declarar de necesidad pública la descontaminación del ambiente, como indica el título del dictamen, sino darle una ampliación por tercera vez a DRP. Nuevamente el Congreso pretende normar con nombre y apellido”, señaló Ipenza.