El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, pidió respetar la sentencia condenatoria de 15 hasta 35 años de prisión a un grupo de militares que planificaron y ejecutaron el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992, y aseguró que los magistrados de la Primera Sala Anticorrupción actuaron de manera imparcial e independiente.
Indicó que si alguna de las partes considera que estos principios fundamentales al debido proceso se vieron afectados, tienen los canales para presentar los recursos necesarios a fin que la Corte Suprema revise la sentencia en última instancia. También agregó que la parte de la sentencia que sea considerada drástica puede ser impugnada para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia.
Távara formuló estas declaraciones tras la inauguración de la Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que se realiza en Palacio de Justicia.
Por su parte, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas en el caso La Cantuta, dijo que presentó un recurso de apelación contra un extremo de la sentencia que absuelve al ex oficial de Ejército, Aquilino Portella, a fin que también sea condenado en este caso, pues no solo supo que los universitarios habían sido asesinados por un grupo militar, sino que además se benefició económicamente.
Según manifestó, dicho ex militar pidió a los mandos militares que gestionaran los trámites para irse a Japón, así como US$ 50 mil dólares a cambio de su silencio, los cuales, anotó, finalmente se les entregó.