Cinco de las más importantes organizaciones de la sociedad civil del Perú que trabajan el tema del medio ambiente, enviaron una carta al Consejo de Ministros en el que le recomiendan al Estado una mayor difusión de los recientes decretos, con el fin de resolver el clima de desinformación que se vive en regiones como Madre de Dios.
Entre los firmantes del documento están la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA – UPCH), la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza), la Asociación de Servicios Rurales (SER) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER).
El grupo considera positivo la publicación de las normas referidas a dicha actividad extractiva porque “con ellas se refirma el compromiso para ordenar, formalizar dicha actividad y mitigar los impactos sociales y ambientales generados”.
Sostiene además que “dada la gravedad de la situación social y ambiental que se presenta en las zonas donde se lleva a cabo la minería ilegal”, se debe implementar las disposiciones contenidas en las normas de manera inmediata.
Para ello, se debe proveer de “recursos presupuestales necesarios” a las entidades responsables de llevar a cabo las acciones señaladas en los decretos para asegurar la “sostenibilidad de las acciones”.
Mayor difusión
De otro lado, este grupo de ONGs recomienda al Estado implementar “un adecuado proceso de difusión y comunicación sobre el contenido y alcances de las normas” a través de las distintas entidades como el gobierno regional y otros entes involucrados en el tema.
“El nivel de desinformación sigue siendo alto, y si bien desde la sociedad civil nos comprometemos a apoyar en lo que esté a nuestro alcance para mejorar ello, reconoceremos que es el propio gobierno quien debe de explicar la manera en que se implementarán estas normas”, señala la carta.
Finalmente las organizaciones sostienen que “es urgente impulsar los procesos de gestión del territorio en las regiones donde se realiza la minería ilegal considerando a los diversos actores de la región y las potencialidades de las mismas”.
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