La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y diversos representantes del Poder Ejecutivo suscribieron el acta del proceso del Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, con lo que el documento quedó expedito para ser elevado al Consejo de Ministros para su promulgación.
El acta fue firmada por Oseas Barbarán, en representación de la CONAPy Julián Páucar, por la CCP. Por el Gobierno lo hicieron el ministro de Cultura, Luis Peirano, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, y otros 17 viceministros así como funcionarios de diferentes sectores y de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Con este dispositivo entrará en plena vigencia el proceso mediante el cual, los pueblos indígenas u originarios expresarán su consentimiento a las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.
El Reglamento precisa que el derecho a la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas ante cualquier medida administrativa que pueda afectar sus derechos, entre ellos el uso de los recursos naturales que se encuentren en su ámbito geográfico.
El documento también menciona que en el caso que no se alcance el acuerdo o consentimiento con los pueblos originarios, el Ejecutivo quedará facultada para impulsar las medidas que considere pertinentes pero garantizando los derechos colectivos de los pueblos, así como salvaguardar su vida, integridad y pleno desarrollo.
Asimismo, ratifica las garantías que otorga el Estado a la propiedad comunal y al uso de los recursos naturales que les corresponden, adjudicándole al viceministerio de Interculturalidad, la tarea de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de pueblos en aislamiento o contacto inicial.
Para los dirigentes Barbarán y Páucar, la abstención de las otras organizaciones como AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP, agrupadas en el denominado Pacto de Unidad, no invalida los resultados alcanzados entre las organizaciones indígenas y el Ejecutivo para garantizar el respeto y la consideración hacia las comunidades en futuros proyectos de inversión que afecten sus intereses.