Los representantes de los diferentes grupos políticos en el Congreso de la República consideraron de suma importancia contar con una moderna Ley de Pérdida de Dominio que permita luchar contra el narcotráfico y se mostraron a favor de aprobar el proyecto que el Ejecutivo enviará en breve al Congreso sobre el tema.
El congresista Renzo Reggiardo, de Concertación Parlamentaria, concideró como una muy buena iniciativa el proyecto y estimó que deberá ser discutido con caracter de urgencia cuando sea remitido por el Ejecutivo.
“Debe verse con carácter de urgencia, todo lo que tenga que ver con iniciativas contra la delincuencia y actividades ilícitas deben tener prioridad, hay que tener en cuenta que ya hay ciudades donde este flagelo ha creado inseguridad a niveles insostenibles” precisó.
Asimismo, Luis Iberico, de Alianza por el Gran Cambio, saludó que el gobierno haya puesto énfasis en este tema y garantizó que recibirá prioridad en la agenda de las comisiones y del pleno.
“En el fondo y principio de esta ley estoy de acuerdo, esperamos desde el Congreso aportar con todo lo necesario para mejorar la normativa”, señaló.
Por su parte, Carmen Omonte, de Alianza Parlamentaria, indicó que su bancada apoyará toda iniciativa vinculada a mejorar la información sobre el lavado de activos, y recordó que actualmente todos los esfuerzos que se hacen al respecto se manejan de manera dispersa.
“Siempre hemos apoyado para que el Gobierno proponga todo lo que sea necesario contra el narcotráfico, estoy segura que mi bancada impulsará el proyecto porque necesitamos una Ley de Pérdida de Dominio mejorada, actualizada, sin vacíos, y que en verdad cumpla con su cometido”, recalcó.
El Jefe del Gabinete, Óscar Valdés, adelantó el último jueves, que el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto para aprobar una nueva Ley de Pérdida de Dominio y de Lavado de Activos como un aporte en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.
Actualmente está vigente una ley de Pérdida de Dominio, del año 2008, que no ha dado los resultados esperados y presenta trabas que dificultan a las autoridades disponer de los bienes obtenidos ilícitamente.
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