Representantes de organizaciones de derechos humanos de Aucayacu criticaron con severidad el proceder de un grupo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes en el marco del operativo “Reacción 2008” detuvieron a tres pobladores de la zona, bajo la falsa acusación de pertenecer a Sendero Luminoso.
Como se sabe, hace pocos días, los ciudadanos Segundo Benigno Vela, Eva Ramos Yucra y Guillermo Estrada Velásquez, fueron intervenidos por la policía bajo la acusación de pertenecer al Comité Urbano de Sendero Luminoso en el distrito de José Crespo y Castillo.
La captura de los pobladores de Aucayacu fue publicitada como un duro golpe contra Sendero Luminoso, lo que fue difundido por los medios de comunicación, pero la acusación se fue diluyendo con el paso de las horas.
Los tres pobladores fueron liberados por las autoridades judiciales el pasado viernes 6 de junio, gracias a los reclamos de los familiares y de las organizaciones de los derechos humanos de la zona.
Tras ello, en uno de los ambientes de la radio parroquial Amistad, el alcalde de Aucayacu, Wilder Miranda Ordóñez, los familiares de los detenidos y activistas de derechos humanos como Segundo Jara Montero y Rosa Pedrera De la Cruz, rechazaron el abuso cometido y solicitaron a la PNP disculparse públicamente por el error y los daños físicos y psicológicos ocasionados a las víctimas.
Jara Montero sostuvo que los pobladores fueron detenidos sin poder ejercer su legítimo derecho a la defensa.
En ese sentido, dijo que Benigno Vela, Ramos Yucra y Estrada Velásquez contaban con un documento que señalaba que el proceso seguido en su contra por el Poder Judicial por el supuesto delito de terrorismo había quedado archivado el pasado 27 de mayo.
Del mismo modo, los tres ciudadanos de Aucayacu fueron impedidos de señalar que la Primera Fiscalía Superior Penal de Huanuco, había determinado que no se había acreditado su vinculación con el terrorismo, hecho que demostraba su plena inocencia.
Finalmente, los representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a las autoridades de la zona ayudar psicológicamente a las víctimas, para evitar que los maltratos sufridos durante su injusta detención tengan consecuencias negativas en el futuro.