La Defensoría de Pueblo, así como varias otras organizaciones han visto con preocupación la disposición que señala que el 31 de diciembre se cierra definitivamente el plazo para la inscripción en el Registro Único de Víctimas, paso previo a la entrega de reparaciones a los familiares de las víctimas de la violencia política que vivió nuestro país los años 80 y 90.
Así lo informó Pier Marzo Rodríguez, representante de esta institución, quien consideró necesario la ampliación de este plazo. “Nuestra posición ya ha sido expresada al gobierno”, mencionó.
El funcionario señaló que hasta la fecha no se ha logrado atender a todas las personas que de una u otra forma fueron afectados por estas acciones y además –según dijo-, hay más de 23 mil casos que continúan a la espera de las evaluaciones correspondientes para ser beneficiados.
Indicó también que a pesar de tenerse gran cantidad de inscritos, todavía aparecen nuevos casos en distintos puntos del país, lo que debe ser un factor que debe tomarse en cuenta para la decisión del Gobierno.