El Comercio. El senderismo y sus aliados del narcotráfico perpetraron una nueva emboscada contra una patrulla militar. Asesinaron a un soldado e hirieron a doce. El repudiable atentado debe llamar la atención del Gobierno sobre la urgencia de revisar y replantear la política y la estrategia contra los remanentes del terrorismo, que sobreviven asociados a las mafias de narcotraficantes.
Es inaceptable que estas bandas delincuenciales pretendan jaquear al país, asesinando a soldados y policías y condenando al aislamiento y a la pobreza a decenas de miles de compatriotas que viven en estado de zozobra, en las áreas donde estas operan.
Según datos de expertos, en los tres últimos años el Estado ha gastado 300 millones de soles en el VRAE, pero su estrategia ha desembocado en 70 uniformados muertos y cerca de un centenar de heridos. Es patente que lo que se está haciendo no funciona, que es mucho lo que falla.
En estas circunstancias resulta contradictorio que se haya abandonado las bases militares del Vizcatán, una zona estratégica donde más bien debería consolidarse la presencia del Estado y desarrollarse otras acciones además de las militares.
La política contra el narcotráfico y el terrorismo requiere de un enfoque integral, multidisciplinario e interinstitucional. A pesar de que los remanentes senderistas son escasos en número, están muy bien armados y apertrechados gracias al dinero de las mafias de narcos, a las que sirven como fieles guardianes.
En el Estado se observa descoordinación. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúan en zonas distintas y con diversos resultados, sin que se evidencie una estrategia planificada, afinada y coherente entre ambas. Si bien es verdad que se ha avanzado algo en la detección y sanción del lavado de activos de los narcotraficantes, y en el combate del contrabando de insumos y precursores químicos, queda mucho por hacer en lo que respecta a la cadena de producción de hoja de coca.
Recientemente se confirmó, a través de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que el Perú ostenta el penoso estatus de ser el primer productor mundial de cocaína con el apoyo de Sendero Luminoso que protege el 45% de ese volumen, y de los cárteles mexicanos que agregan elementos de más violencia y peligrosidad.
Aquí también debe diferenciarse claramente a los cocaleros legales de los ilegales que abastecen directamente al narcotráfico.
Han de continuarse y perfeccionarse los programas de erradicación y sustitución de cultivos. No es posible que, en lugar de disminuir en los últimos años, haya aumentado la extensión de cocales ilegales y se haya ampliado a otras zonas como Loreto y Puno.
Por todo ello, así como hay que ser firmes para rechazar al cabecilla senderista ‘Artemio’, el Gobierno del presidente Ollanta Humala tiene que potenciar la mayor presencia del Estado en el VRAE con programas sociales y mayor apoyo a la educación, salud y seguridad a las poblaciones alejadas; y, paralelamente, responder con severidad, coordinación e inteligencia, para erradicar de una vez por todas a la alianza terrorismo-narcotráfico.