El Comercio. El reciente reporte de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre la situación del narcotráfico en el Perú, Bolivia y Colombia no es nada alentador. Debería servir para que las autoridades del gobierno del presidente Ollanta Humala realicen una autocrítica sobre cómo se está encarando la lucha contra el narcotráfico. ¿Hemos avanzado? Según la DEA no; más bien estamos retrocediendo.
El informe precisa que si bien Colombia sigue ocupando el primer lugar en extensión de áreas cultivadas de cocales ilegales, el Perú ha tomado la delantera en productividad y producción de cocaína. Esto último ya lo había revelado antes Naciones Unidas.
Otro hecho especialmente preocupante es la creciente penetración de los sanguinarios cárteles mexicanos que han asumido un rol preponderante en el tráfico de cocaína, mientras que los colombianos están más involucrados en el lavado de activos.
Según el informe, confluyen en esta situación el crecimiento de la demanda de cocaína en mercados externos y los cambios en las políticas de erradicación de cocales ilegales. Se propone, por ello, seguir con los programas de sustitución sin descuidar la destrucción de sembríos que abastecen a los narcos.
No obstante, la DEA reconoce que en el Perú la reducción de cultivos se entrampa por la resistencia de los cocaleros y por la presencia de Sendero Luminoso (SL), violento aliado del narcotráfico en el Alto Huallaga y en el VRAE, pese a lo dicho por el cabecilla senderista ‘Artemio’ en reciente entrevista.
A diferencia de Colombia, Estados Unidos no es el principal destino de la cocaína peruana, sino Europa, Asia y Australia; y los cargamentos salen por el cono sur y por la frontera con Bolivia.
El panorama es crítico y peligroso. El informe debe promover una revisión de la política antidrogas del Perú y de los organismos y funcionarios involucrados.
El circuito de las mafias de narcos debe ser atacado desde el origen: La batalla empieza antes de la poza de maceración, en la erradicación y sustitución de cultivos ilegales, con la vigilancia en las fronteras y puertos y con el control de los insumos y precursores químicos y el lavado de activos.
No puede dejarse de lado la prevención del consumo en nuestro territorio y una alianza estratégica con los países consumidores.
El camino es largo y duro y demanda claridad y voluntad política al más alto nivel para luchar contra una lacra que corrompe y envenena a la sociedad.