El grupo de trabajo sobre pueblos indígenas del Congreso de la República expresó su profundo rechazo por la reciente y sorpresiva aprobación del Decreto Legislativo 1015 que simplifica la disolución de las comunidades campesinas y nativas.
La nueva norma establece que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse con el voto del 50% de sus miembros posesionarios con más de un año de antigüedad y que además podrá disponer o vender de sus tierras simplemente con la aprobación de la mitad de los asistentes a una asamblea ordinaria.
En ese sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH señala que ese Decreto Legislativo hace posible que un grupo mínimo de comuneros puede decidir la venta y el futuro de las tierras. Además, dicha organización no gubernamental sostiene que la norma no prevé consideraciones especiales que impidan, eviten o anulen convocatorias fraudulentas o promovidas por terceros.
Otra crítica es que la norma desconoce que los territorios de las comunidades campesinas y nativas no pueden someterse a los juegos del mercado, dado que esos espacios físicos son un espacio vital que garantiza la continuidad social, cultural y productiva de los pueblos indígenas, de acuerdo con sus decisiones autónomas.
Igualmente, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP ha catalogado al Decreto Legislativo 1015 como inconstitucional y violatorio de los derechos humanos consagrados en Instrumentos internacionales firmados por el propio Estado peruano.
Expertos ambientalistas señalaron a INFOREGIÓN que esa norma beneficiará a las empresas mineras, petroleras y demás agentes externos interesados en explotar las tierras de las comunidades campesinas y nativas, y advirtieron de eventuales conflictos sociales y ambientales.