Alrededor de treinta funcionarios y ex funcionaros del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) están siendo investigados por tres fiscalías anticorrupción con la finalidad de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar sobre presuntos delitos que habrían cometido durante el ejercicio de sus funciones o en relación a ellas.
Los investigados son acusados de haber cometido los delitos de colusión desleal, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes funcionales, falsificación de documentos, entre otros, que serán determinados por las autoridades competentes.
Entre los denunciados figura Arturo Ysaú Guarniz Díaz, quien fuera director ejecutivo del PEAH entre diciembre del 2008 y febrero del 2011 así como algunos otros funcionarios de su gestión como Hermes Francisco Ugaz Guerrero, Marco Antonio Bereche Vilela, Edwin Valera Cívico y Durvis Carol Rodríguez Gonzáles.
Sobre ellos, la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha dispuesto abrir investigación por el plazo de cincuenta días.
El cargo para la primera denuncia se refiere a la adquisición de la camioneta Hi Lux PM-3595, cuyo costo fue de 83,680 nuevos soles.
Al cabo de diez meses esta unidad había registrado un gasto de 31,925 soles por mantenimiento y luego generó otro gasto de 42,368, esta vez por siniestro, totalizando 74,293. Este monto equivalente al 89% del valor de la camioneta nueva.
Al hecho de que no se hayan seguido las normas legales de contrataciones del Estado para estas acciones se suma el pago de los montos de reparación en un solo mes a un único proveedor y utilizando los fondos de cuatro obras de construcción de canales de irrigación en La Morada, La Florida, Monzón, Tomaykichwa y una de construcción de camino vecinal en el distrito de Luyando, dejando a estas obras desfinanciadas y obligando a su paralización.
Pérdidas millonarias en materiales de obras
La investigación de la cuarta fiscalía anticorrupción contra Guarniz Díaz, Herbacio Uscamayta, Bereche Vilela y otros es por el delito de malversación de fondos.
A ellos se les imputa participación ilegal en el manejo económico de los programas de inversión, que llevaron a la paralización y pérdidas millonarias en las obras que ejecutaba el PEAH.
En este caso también se pidió investigar a Edwin Valera Cívico, Durvis Rodriguez Gonzáles, Gino Rosales Berrospi, Elbio Felipe Matías, Moisés Ahumada Cortez, Otoniel Caballero Espinoza, Juan Reyes Meza, Luis Torres Del Castillo, Dennis Quito Gonzáles, Olenka Cáceres Campos y otros que resulten responsables.
Se indica en la denuncia que hubo abandono y faltantes de materiales y equipos, entre ellos 1,112 galones de petróleo, 1,135 bolsas de cemento, fierros corrugados de distintas medidas, alambre, el reemplazo de un motor para una máquina, además de transferencias de dinero de manera ilegal.
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