La matanza de 124 comuneros efectuada en diciembre de 1984 por parte de efectivos militares en Putis, distrito de Santillana, y que la CVR logró registrar, es una muestra contundente del horror que vivió la provincia de Huanta durante la violencia política, donde las victimas fueron en su gran mayoría pobladores campesinos precisó el Regidor de la municipalidad Provincial, Alberto Sánchez Portocarrero.
«Esta matanza de más de 300 campesinos en Putis representa un genocidio único en el país, que no debe repetirse, y se compara a los genocidios de Ruanda, Kosovo y otros que el mundo vivió; Putis evidencia la brutalidad a la que fueron sometidos humildes campesinos de las alturas de Santillana» puntualizó la autoridad.
Sánchez quien en 1998 cuando laboraba como periodista fue uno de los descubridores de esta fosa común, precisó que ahora, el estado tiene la obligación moral de efectuar un inmediato acto de reparación simbólica, tanto colectiva como individual.
«Las municipalidades de Huanta y de Santillana están en la obligación moral de efectuar acciones inmediatas en coordinación con todas las instituciones del Estado vinculadas al tema de la Defensa de los Derechos Humanos para efectuar un acto de reparación simbólica, colectiva e individual» reclamó.
Asimismo pidió a las autoridades efectuar de inmediato el entierro de los restos de las familias provenientes de las comunidades de Cayramayo, Vizcatanpata, Orccohuasi, Sayhuallamaccniyucc, Masuacancha y otras.
En ese sentido, saludó la decisión del Consejo de Reparaciones por haber incluido este año a la comunidad de Putis como una de las beneficiarias de las reparaciones colectivas y que inexplicablemente no había sido considerada años atrás.