El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó al Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salomón Lerner, a incluir en el Presupuesto 2012 una partida destinada a cubrir las reparaciones individuales de los 6,700 afectados por la violencia política que asoló al Perú.
“Es preocupante que no se esté considerando en el presupuesto del próximo año las reparaciones que se debe destinar a las víctimas del terrorismo. Invoco al jefe del equipo ministerial y al Ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, a autorizar los 221 millones de soles necesarios”, señaló Vega Luna en una carta dirigida al titular de la PCM.
Previamente, Vega Luna sostuvo una reunión con miembros de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política de Perú (Conavip) y representantes de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (Anfasep).
Felicitas Delgadillo, representante de las víctimas en Ayacucho y, asimismo, afectada por la violencia política, señaló que las madres hoy son ancianas y merecen esta reparación por la muerte y desaparición de sus hijos. “Estamos reclamando por nuestros derechos”, enfatizó.
Atención urgente del Estado
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que la única manera de avanzar en los compromisos asumidos en el tema de reparaciones, así como en la agenda de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), es que se les facilite el presupuesto solicitado.
“Muchas víctimas y sus familiares han fallecido sin recibir ningún resarcimiento por parte del Estado. No podemos permitir que esta situación continúe en perjuicio de compatriotas que, además, se encuentran en las zonas más pobres y excluidas del país. Ellos merecen la debida atención del Estado”, subrayó.
La funcionaria recordó que se encuentra pendiente la modificación del cuestionado Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, que dio inicio a las reparaciones económicas, por contener disposiciones que afectan a los principios establecidos en la Ley Nº 28592 y su Reglamento.
“Esta norma contradice el carácter inclusivo y permanente del Registro Único de Víctimas (RUV), no señala los criterios técnicos que sustentan la determinación del monto de la reparación y desnaturaliza la finalidad de las reparaciones al establecer criterios no adecuados para acceder a éstas”, afirmó Vignolo.
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