El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, recomendó a los gobiernos regionales acelerar la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica económica para evitar futuros conflictos sociales relacionados con actividades extractivas.
«Esa es la manera en que se puede mapear las actividades de la región y definir dónde puede haber minería y dónde no, dónde puede haber agricultura y preservación de bosque,» manifestó Luque.
Tras señalar que corresponde a los gobiernos regionales liderar la ejecución de estos planes y coordinarlos con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y entidades técnicas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Luque afirmó que estos documentos presentan avances importantes en Cajamarca y San Martín.
También señaló que será conveniente que la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios tenga un reglamento y que el Estado se encuentre preparado para implementarla adecuadamente.
«No basta con tener normas, hay que tener preparación. Es un asunto de todos los gobiernos regionales y ministerios. Es cuestión de todas las instituciones del Estado», comentó.