El fiscal Rubén Jara Silva, del 2º Despacho de Investigación Preparatoria, de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, formalizó la denuncia contra el alcalde provincial de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, un regidor y cuatro funcionarios, así como la gerente de la empresa Ale Contratistas, al haber concluido que habrían concertado ilegalmente para lograr la exoneración del proceso de selección de la millonaria obra de agua potable y alcantarillado que se desarrolla en Tingo María.
Tras la serie de diligencias realizadas por el representante del Ministerio Público y su equipo de investigación, se concluyó que Guzmán Alfaro sería autor del delito de colusión en agravio del Estado, en tanto que se sindica al regidor Aquiles Dávila Sánchez, los funcionarios Juan Andrés Robles Cotillo, Alexander Walter Espinoza Mendoza, Roberto Carlos Olivas Flores y Raúl Wilder Dávila Calderón, así como a la gerente general de la empresa Ale Contratistas S.R.L., Leonarda Fátima Bernabel Pineda, como cómplices primarios.
INFOREGION pudo conocer asimismo que Guzmán Alfaro, fue denunciado además por el delito contra la administración pública, en la modalidad de rehusamiento de actos funcionales, al haberse negado a cumplir los pronunciamientos que en reiteradas oportunidades le hizo llegar el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en los que le piden dejar sin efecto la exoneración. El fiscal solicitó que se efectúe el requerimiento de prisión preventiva contra el burgomaestre, en la medida que ello se da para quien firmó el contrato producto de la ilegal exoneración.
Concertación ilegal
Según la Disposición Nº 03-2011, del Ministerio Público, todos los denunciados, en diversas actuaciones, concertaron ilegalmente para proceder a la exoneración, ejecutando actos irregulares, con la concurrencia de factores que evidencian haberse tramado “toda una estratagema, bajo el patrocinio del imputado Pascual Guzmán Alfaro para sustentar una situación de emergencia inexistente, en un desmedido afán de llevar adelante el proceso exonerado”.
En la formalización de la denuncia el fiscal Jara establece también que se recaben declaraciones de los imputados, así como suma a estos requerimientos las declaraciones de otros funcionarios, regidores, el jefe de la oficina de control institucional, documentos de diversas instituciones ligadas al caso y se oficie a registros públicos para que informe sobre los bienes que poseen los imputados.
Se precisó que la audiencia para determinar la prisión preventiva de Pascual Guzmán Alfaro se llevaría a cabo la próxima semana, dada la ausencia temporal del fiscal.
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