El presidente , Alan García Pérez, promulgó la ley que impulsa la inversión pública en infraestructura de impacto regional y local con participación del sector privado.
De acuerdo a esta ley, la participación privada mediante financiación o ejecución, se dará a través de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.
La secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó a través de una nota de prensa, que los proyectos deberán de ser de infraestructura y coherentes con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local, así como tener declaración de viabilidad.
De acuerdo a la norma, los gobiernos regionales y locales que se acojan a la ley deberán remitir a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, PROINVERSION, una lista priorizada con los proyectos a financiar y ejecutar y además publicarla en su portal web.
Para ser seleccionada, la empresa privada deberá cumplir una serie de requisitos que serán establecidos en el reglamento de la presente ley.
No obstante, se considera la posibilidad de que el proceso de selección pueda ser encargado en su integridad a PROINVERSIÓN.
La norma define además el Certificado «Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público», CIPRL, como un documento no negociable que emitirá la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, para la cancelación del monto que invierta la empresa privada en el proyecto.