El Comercio. La minería informal en Madre de Dios está destruyendo zonas aledañas a reservas y parques nacionales que concentran la mayor biodiversidad de la Tierra. Este rico corredor de vida se extiende hasta Bolivia. Por este y otros motivos, el Estado Peruano no puede ceder ante el chantaje de un grupo de mineros ilegales de Madre de Dios, a quienes no le han faltado representantes congresales, como el llamado ‘comeoro’, Amado Romero, de la bancada gobiernista.
Estos mineros ilegales de Madre de Dios bloquearon el lunes tres kilómetros de la carretera Interoceánica y quemaron 25 negocios para detener la destrucción de las dragas y embarcaciones con las que extraen oro de modo arcaico e irresponsable, contaminando los ríos amazónicos que son fuente de alimento para las poblaciones rurales e indígenas.
Ahora, amenazan radicalizar sus medidas de fuerza si se continúa con estas operaciones que, finalmente, tratan de frenar la creciente depredación ambiental y enrumbar una actividad que se da al margen de la ley, que no tributa, no cuenta con estudios de impacto ambiental y ha creado una zona donde impera el caos, la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando.
El esfuerzo gubernamental por hacer cumplir la ley contra la minería informal –que, como hemos dicho, deforesta, contamina con mercurio ríos y afluentes, genera informalidad económica y descomposición social y moral– debe incluir la formalización de esta actividad. Es en Madre de Dios donde posiblemente este flagelo es más grave, pero otras zonas del país no están libres.
La formalización no pasa por dar nuevas normas, sino cumplir las existentes, sancionando y erradicando aquella actividad que es ilegal, depredatoria y contaminante. El Decreto de Urgencia 012, por ejemplo, prohíbe el uso de dragas, la expansión de zonas mineras y el ordenamiento de las zonas de extracción.
La erradicación de la minería informal en el Perú –y de la degradación ambiental y social generadas– debe ser una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, los intereses particulares y la politiquería. Más aun cuando se trata de un espacio considerado el mayor corredor de biodiversidad del planeta.