El Comercio. El estatus de primer productor mundial de cocaína era inevitable. La inacción del gobierno aprista respecto a la lucha antidrogas hacía prever que tarde o temprano el Perú sería colocado en esa deshonrosa posición.
El último “Informe Mundial sobre las Drogas 2010”, dado a conocer por la ONU en junio último, adelantó que la extensión de cultivos ilegales de hoja de coca había aumentado, dentro de una tendencia constante en el último quinquenio.
Incluso antes, en marzo de este año, a propósito de un pronunciamiento de los países desarrollados reunidos en Dublín, se difundió que el Perú se aproximaba a convertirse en el primer productor mundial de cocaína.
En esa ocasión, según se recordará, Estados Unidos, la Unión Europa y otras naciones negaron su corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y se limitaron a acusar al Gobierno Peruano de laxismo para enfrentar a los llamados cárteles.
El balance señala que a partir del 2000, con el ingreso de los cárteles mexicanos al país y mástar de las medidas de control aplicadas en Colombia y en México, la producción, comercialización y exportación de las drogas desde el Perú se intensificaron.
Luego, a pesar de contar con una ley para el control de insumos químicos, desde el 2004, el gobierno anterior no la aplicó ni tampoco emprendió otras medidas significativas para revertir el crecimiento del narcotráfico, como respaldar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el seguimiento del lavado de activos.
Para la Dirección Estadounidense Antidroga (DEA), el Perú produce 325 toneladas de cocaína, con el apoyo de Sendero Luminoso y los cártelesmexicanos.
Además, asegura que la cocaína peruana se destina a Europa, Asia y Australia, lo que debería comprometer a esos países a participar en una estrategia conjunta como destinatarios de la droga.
El escenario no puede ser peor y exige que el gobierno del presidente Ollanta Humala establezca una política antinarcóticos que corrija el rumbo, antes que nuestro país se convierta en un narcoestado, con todo lo que ello significa.
Si la ayuda internacional existe, como han confirmado autoridades del Departamento de Estadode EE.UU., lo que corresponde es que el Perú asigne las contrapartidas que se necesitan.
Debe aplicar la ley de control de insumos químicos e impulsar las estrategias de control de lavado de activos. Tiene que definir el papel que compete a la PNP para frenar una actividad que se mueve por todas las vías de comunicación.
Las tareas de interdicción no pueden detenerse, así como tampoco la captura de narcotraficantes, el decomiso de los cargamentos de droga y de insumos químicos, y la destrucción de campamentos, tareas que deben ser sostenidas. Estas son tan urgentes como los planes de sustitución de cultivos alternativos.
Los indicadores que se han mencionado señalan lo que el Perú debe hacer para impedir que la mafia del narcotráfico contamine las bases delEstado.
Para eso el enfoque que ha merecido hasta ahora la lucha antidrogas, y que ha heredado este gobierno, tiene que ser rectificado inmediata y radicalmente, por el bien del país, su desarrollo y del futuro de las nuevas generaciones.