Organizaciones ambientales denunciaron que el Decreto Ley 1090, promulgado por el gobierno en el marco de las atribuciones extraordinarias que le diera el Congreso para legislar en torno del TLC con Estados Unidos, podría colisionar frontalmente con los compromisos que el Perú suscribió en el anexo 18.3.4 del acuerdo comercial.
Según consigna la revista Caretas, los analistas en temas ambientales señalaron que el Ministerio de Agricultura fue el ente encargado de la dación del mencionado DL, sin considerar que la adenda vinculada con el tema fue una de las razones por las que la bancada demócrata del legislativo americano demoró durante varios meses el TLC con nuestro país.
Según Sandro Chávez, Presidente del Foro Ecológico, el DL 1090 «Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre», contiene «varios contrabandos que le van a cambiar el sentido», como por ejemplo, la reducción al mínimo de la participación de la sociedad civil al eliminarse la figura de los Comités de Gestión de Bosques y el órgano consultivo representado en la Comisión Nacional Forestal. CONAFOR.
Sostiene además que, con respecto al fortalecimiento de las concesiones forestales, indispensable para que el TLC entre en vigencia, la ley también presenta inconvenientes ya que no exige realización de inventarios, que son requeridos para la
siembra, el mantenimiento, la erradicación y la renovación de los árboles.
Por su parte, Ernesto Ráez, del Centro Para la Sociedad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, indica que, si se pretendía responder al TLC con el DL 1090, entonces se debió fortalecer el sistema de control y supervisión de las concesiones para golpear con más fuerza la tala ilegal.
EEUU podría no aceptar la madera peruana
Por el TLC, EEUU se compromete a verificar la procedencia legal de la madera que comercia con nuestro país, y si el país de origen no está preparado para demostrar la legalidad de la madera, podría denegar los embarques, advierten los especialistas.
Un análisis adicional sobre los componentes medioambientales del DL 1090 es el de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, en el que se alerta sobre el
«cambio radical en cuanto a lo que se entiende por Patrimonio Nacional Forestal».
La SPDA explica que, según la ley anterior, si las tierras del forestales dejaban de ser bosque, tenían que reforestarse mientras que ahora pasan a ser tierras donde se puede sembrar otras cosas y pasan al régimen agrario».
Otro de los factores potencialmente críticos es el de la ventana de oportunidad abierta para los traficantes ilegales, pues la ley permitiría legitimar productos de origen controversial.
Ello porque estipula que «los usuarios deberán acreditar la legitimidad de su derecho de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura», lo que equivale a ratificar el mecanismo del adquiriente de buena fe, utilizado en los últimos años por el Ministerio