Como una manipulación política y un engaño a los campesinos cocaleros calificó el analista Rubén Vargas, la convocatoria formulada por la parlamentaria andina Elsa Malpartida y dirigentes de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, CONPACCP, para llevar a cabo un nuevo empadronamiento de productores de hoja de coca.
“Los cocaleros deben saber que no es posible un nuevo empadronamiento porque existe un ordenamiento legal nacional e internacional que prohíbe expresamente realizar este tipo de actividades y legalizar los cultivos de hoja de coca” expresó el experto al tiempo que denunció que con esta acción, la parlamentaria andina busca acercarse nuevamente a las bases cocaleras mediante el engaño, la mentira y la demagogia.
En los últimos días la parlamentaria andina recorrió las diversas bases cocaleras del Al Huallaga convocando a una Asamblea el día de hoy, para discutir y aprobar con los consejeros del gobierno regional de Huánuco un nuevo empadronamiento de productores de coca.
Vargas precisó que la ley 22095 regula el tema de la hoja de coca y prohíbe los nuevos cultivos posteriores al empadronamiento realizado por ENACO, en 1978-1979, así como las tareas de acondicionamiento de la tierra para una mayor productividad.
Agregó que también la Convención sobre estupefacientes de 1961 y la Convención de las Naciones Unidas de 1988, prohíbe realizar empadronamientos y obligan a los países firmantes, Perú entre ellos, a erradicar los arbustos de coca que se cultiven ilícitamente.
Manipulación política
“Se están burlando de la esperanza y la pobreza del campesino” aseguró Vargas, ellos conocen que el ordenamiento legal impide un nuevo empadronamiento de cocaleros, saben que esa acción no tiene validez legal y sin embargo no dudan en manipular y engañar a los campesinos” indicó.
Precisó que “la única posibilidad – y eso lo sabe bien la parlamentaria, los dirigentes y los consejeros regionales- de realizar un nuevo empadronamiento de coca es modificando la actual ley o derogándola, y esa es una competencia exclusiva del Congreso de la Republica”
“El campesino debe saber que no tiene ninguna validez legal realizar empadronamientos y mucho menos si estos están promovidos por una organización cocalera o por instancias del gobierno regional que no tienen competencia en un tema estrictamente de competencia del gobierno nacional” agregó.
Recordó entonces que ya existe jurisprudencia con sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, TC, rechazando ordenanzas de Huanuco, Cusco y Puno que pretendieron legalizar los cultivos de coca en sus jurisdicciones.
“Ya el TC señaló textualmente que la relación existente entre el cultivo de la hoja de coca y su posterior transformación en PBC y cocaína permite concluir que, en aplicación del artículo 8 de la Constitución, el tratamiento y regulación de cultivo y erradicación de la hoja de coca es competencia exclusiva del gobierno nacional”.
Intervención de procuradores
Por ello, Vargas lamentó que los consejeros del gobierno regional de Huánuco se presten a este juego político que vulnera el estado de derecho y el marco legal vigente y advirtió que los funcionarios públicos involucrados puedes ser incluso pasibles de acciones legales en su contra.
“Creo que los procuradores de asuntos públicos del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, deben evaluar y calificar esta conducta de los consejeros regionales que son funcionarios públicos y determinar si están cometiendo un ilícito penal” demandó.
Agregó que incluso en la hipótesis negada que exista desconocimiento del marco legal por parte de la parlamentaria Elsa Malpartida o de los consejeros regionales “la ignorancia no exime de la responsabilidad penal, por lo que estimó que también en esta eventualidad los convocantes enfrentarían problemas legales.