El Comercio. El Gobierno ha anunciado que evalúa la posibilidad de otorgar, con fines disuasivos, un subsidio a los campesinos cocaleros para que se dedican al cultivo del café, cacao, algodón o maíz.
Tal propuesta es polémica y preocupante, sobre todo si aún no se anuncia la estrategia integral para enfrentar el narcotráfico de manera efectiva, que en los últimos años se ha extendido peligrosamente en el territorio nacional para multiplicar cinco veces el área cultivada de coca.
Dicha estrategia, como hemos postulado siempre en esta columna, pasa necesariamente por un conjunto de medidas concatenadas. Estas van desde la erradicación de cultivos y el control sobre los insumos químicos hasta una intensa y coordinada política de inteligencia y de freno del lavado de activos, pasando por la bien planteada lucha represiva.
Junto con todo ello debe promoverse y apoyarse el sembrío de cultivos alternativos que permitan reorientar la economía de los campesinos dedicados a sembrar coca y cautelar el medio ambiente, como se ha hecho exitosamente en regiones como San Martín.
Todos estos asuntos no pueden estar ausentes en la agenda de un gobierno pro inclusión. De allí que, anunciar aisladamente que se utilizarán los fondos del Estado para solventar subsidios no parece una salida suficiente y más bien podría colocar al Estado en competencia con las pudientes mafias de la drogas. Estas no conocen de límites y siempre ofrecerán más que el Gobierno.
Una consideración adicional es que a la fecha ni siquiera se conoce cuántos campesinos cocaleros existen y cuáles cultivan expresamente para las mafias, lo cual dificultaría la entrega de cualquier beneficio o subsidio.
Es lamentable que esta medida sea producto de la improvisación de algunos sectores políticos más interesados en la figuración, populismo o clientelismo que la lucha efectiva contra el narcotráfico y su amplísimo poder corruptor.