Organizaciones ecologistas, agrícolas y de defensa del consumido, se pronunciaron en contra de los cultivos transgénicos en el país y demandaron al Ministerio de Agricultura que no se deje impresionar por los ofrecimientos de las empresas que promueven la biotecnología moderna, sin considerar los impactos a largo plazo que puede esta tecnología ocasionar en países como el nuestro.
En el marco de la Audiencia Pública “Riesgos e impactos de la liberación de cultivos transgénicos para la Agricultura y la Diversidad Biológica”, organizaciones como la Red de Agricultura Alternativa, RAAA, de Defensa del Consumidor, ASPEC, RAE Perú y CONVEAGRO; alertaron contra la aprobación de una norma que reglamentaría e iniciaría los cultivos transgénicos (organismos genéticamente modificados) en el país, impulsado por el Ministerio de Agricultura, sin el necesario debate público.
Los asambleístas precisaron que una posible liberación de estos cultivos, ocasionaría riesgos a través del flujo genético, contaminando a las variedades locales y parientes silvestres, y ocasionaría el desplazamiento de las variedades locales en los sistemas productivos.
Esta situación generaría la perdida de la agrobiodiversidad y de los conocimientos tradicionales en la conservación de los recursos genéticos, y afectaría a la agroexportación, especialmente de los productos orgánicos.
Ello en un momento en que el Perú ha exportado durante el 2007 más de 160 millones de dólares en productos orgánicos libres de uso de agroquímicos y modificaciones genéticas, con la participación de más de 30 mil pequeños agricultores, y con muy buenas perspectivas de crecimiento.
Por ello se demandó, un debate nacional para diseñar y establecer una Política Nacional de Biotecnología y Bioseguridad, liderado por el Ministerio del Ambiente con la participación de todos los sectores para garantizar la protección de nuestros recursos genéticos.
Asimismo se demandó un consenso sobre el Artículo 27 del Protocolo de Cartagena, sobre responsabilidad y compensación, que permita al país contar con un instrumento vinculante que proteja nuestra biodiversidad de la contaminación genética y potenciales daños a la salud.
Se formuló también un llamado al Ministerio de Agricultura para que no se deje impresionar por los ofrecimientos de empresas que promueven la biotecnología moderna, sin considerar los impactos a largo plazo que puede ocasionar esta tecnología en países como el nuestro.
Los asambleístas pidieron impulsar propuestas de zonas libres de transgénicos, identificando zonas intangibles de alta biodiversidad, como estrategia de protección de sus recursos a nivel regional, y exigir a las empresas que expenden alimentos derivados de cultivos transgénicos a informar en sus etiquetas su procedencia genéticamente modificada, para que los consumidores elijan informados sobre lo que quieren consumir.