El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales Maderables (Osinfor) fue creado para impedir la tala ilegal, pero no cumple esa misión debido a la ineficiencia y posible corrupción con la que ha sido manejado desde que inició sus actividades, en 2008, y más bien favorece la depredación de nuestros bosques, según testimonios y documentos a los que ha tenido acceso LA PRIMERA.
Al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el Perú se comprometió a no exportar madera producto de la tala ilegal. Por ello, en el marco de la aplicación de este acuerdo comercial, en el 2008, se creó Osinfor.
Lo que era solo una oficina del Ministerio de Agricultura, pasó a tener un Presidente Ejecutivo y un presupuesto propio y a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Todo ello, por la importancia de mantener los estándares requeridos por el TLC.
Desde su creación, Osinfor ha servido para todo menos para controlar eficazmente la tala ilegal. Ha organizado varios pasacalles, eventos y sembrado de árboles en Lima. Ha publicado costosos suplementos en diarios locales y editado revistas institucionales. Sin embargo, a la hora de atender su función principal: proteger los recursos forestales; es totalmente ineficiente.
NO HAY TRIBUNAL
Si bien la Alta Dirección se enorgullece de la gran cantidad de inspecciones hechas, muy pocas se estudian. En los últimos tres años supervisó casi 800 permisos y autorizaciones forestales, pero cerca del 30 por ciento sigue sin evaluación legal.
De las supervisiones que fueron analizadas y pasaron a un procedimiento administrativo de sanción, menos del 10 por ciento han sido concluidas, con lo que han quedado impunes muchas violaciones a la normativa de extracción forestal.
Lo que ocurre es que durante más de dos años de existencia de Osinfor, no se ha implementado los órganos de línea con el equipo técnico idóneo para realizar la supervisión forestal.
Según documentos a los que ha accedido LA PRIMERA, Richard Bustamante, presidente ejecutivo del citado organismo, ordenó que su Oficina de Asuntos Jurídicos califique legalmente las supervisiones forestales, violando así la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), el Decreto Legislativo 1085, con el que se crea Osinfor, y las normas internas del propio organismo.
Hasta hoy no existe el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, ni su Oficina de Asesoría Técnica; y si bien, luego de dos años de gestión de Bustamante, se acaban de nombrar las subdirecciones, aún no se contratan profesionales suficientes para tan importante labor.
ALGO SE PUDRE
Oficios, memorandos, informes, correos electrónicos y resoluciones, cuyas copias han llegado a LA PRIMERA comprueban que la Alta Dirección de Osinfor, presionaba a las direcciones de Supervisión de Concesiones y de Permisos y Autorizaciones Forestales, para resolver los procedimientos emprendidos contra concesionarios que extraían madera fuera de los límites autorizados, de acuerdo a los informes legales de la Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ), en lugar de implementar las subdirecciones técnicas y contratar personal especializado.
Uno de los casos más sonados, es el del concesionario Miguel Ángel Pezo Villacorta, quien logró evitar que caduque su concesión forestal a pesar de las pruebas contundentes de la extracción ilegal de madera, gracias a la conclusión legal de la Oficina de Asuntos Jurídicos.
Es más, gran cantidad de planes operativos anuales (documentos que los concesionarios forestales deben presentar obligatoriamente para detallar la explotación de los bosques) contienen información falsa, según diversos oficios internos de Osinfor dirigidos a su presidencia ejecutiva.
Pero en lugar de denunciar penalmente a los consultores forestales que suscribieron los planes, Osinfor contrató a muchos de ellos como supervisores. Es el caso de Hugo Paima, Fernando Calampa, Jacob Salazar, Waldir Rodríguez, Jesús Oliveros, entre otros.
PERSONAJES CUESTIONADOS
Richard Bustamante, presidente ejecutivo de Osinfor, se ha rodeado de personajes cuestionados por la justicia. Es el caso de Nicanor Saldaña, secretario general de Osinfor, a quien la Municipalidad de San Martín de Porres le inició proceso administrativo disciplinario por su actuación dolosa como gerente municipal.
Aún peor es el caso del exfiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en materia ambiental, Raúl De los Ríos, a quien el Ministerio Público le acaba de abrir investigación preliminar por autorizar la devolución de 7,962 tablillas de madera ilegal a una concesionaria con la que tenía vínculos no profesionales. Sin embargo, Bustamante lo ha designado asesor de la Alta Dirección de Osinfor.
Otro nombramiento que llama la atención es el de la abogada Helen Farronay Quesquén, sobrina del expremier aprista Javier Velásquez Quesquén, quien se integró a la Oficina de Asuntos Jurídicos de Osinfor, precisamente cuando su tío era titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la que Osinfor depende directamente.
También han llegado a LA PRIMERA una serie de documentos sobre contrataciones recientes de personal vinculado a la administración aprista; uso excesivo de viáticos por parte de la Alta Dirección y la Oficina de Comunicaciones; y compras digitadas a determinados proveedores.
Fuentes de Osinfor consideran urgente la intervención de la Contraloría General de la República en ese organismo, por considerar que hay allí un gran faenón forestal cuyos responsables, nombrados por el gobierno aprista, siguen manejando el único organismo público encargado de proteger los recursos forestales.
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