El principal detonante de los impactos de la empresa Maple en contra de las comunidades nativas de Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre, en Loreto, fue la notoria ausencia del Estado en la supervisión y fiscalización de las actividades de extracción petrolera.
Así lo determinó una comisión multisectorial integrada por representantes de los ministerios del Ambiente, de Energía y Minas, de Salud y de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) creada para analizar y atender la problemática indígena en relación a la empresa Maple y los hidrocarburos.
“Esta ausencia del Estado ha generado el incumplimiento de parte de la empresa de respetar nuestros derechos a la salud y vida digna”, expresó Félix Rojas, representante de la Organización Regional de Aidesep Ucayali (ORAU).
Asimismo, durante estas reuniones los representantes indígenas expresaron sus preocupaciones e informaron al Estado sobre afectaciones sufridas por más de 15 años de desarrollo de la actividad petrolera a cargo de la empresa Maple.
Las reuniones se realizaron en ambas comunidades, donde la comisión multisectorial pudo recoger información sobre los impactos ambientales, a la salud, así como los problemas sociales generados por la presencia de la empresa Maple.
Tras la visita realizada a los pozos y a la zona de los ductos, los miembros de la comisión constataron el incumplimiento de medidas de seguridad ambiental, así como la presencia de enfermedades como probable consecuencia de los derrames de petróleo.
Próximos pasos
Para María del Rosario Sevillano, coordinadora del Programa Social Indígena de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), los acuerdos adoptados tras las reuniones, demuestran la voluntad del actual gobierno de instaurar el diálogo entre la población y las autoridades a fin de prevenir mayores conflictos sociales.
Entre los principales acuerdos destacan el compromiso del Estado de iniciar un estudio ambiental en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Dirección General de Salud Ambiental(DIGESA) y la ANA, que determine el impacto generado por el desarrollo de la actividad de Maple y una evaluación integral de la salud en los pobladores de las comunidades.
DAR acompañó este importante proceso de diálogo en calidad de asesor de las organizaciones indígenas representativas. Esta ONG apoya a las comunidades nativas de Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre a través del proyecto “Fortaleciendo las Capacidades de los pueblos indígenas de la Cuenca del Ucayali para la protección de la Biodiversidad”.
A partir de este proyecto, DAR ha apoyado las acciones de vigilancia comunitaria de la actividad petrolera y ha brindado capacitación a sus líderes locales a través de la formación de promotores legales. Ellos son los vigilantes de las comunidades y se encargan de supervisar que la empresa Maple cumpla con lo establecido en la legislación de hidrocarburos y respete sus derechos como pueblo indígena.
Por dicha razón, las organizaciones indígenas representativas hicieron énfasis en la necesidad que las acciones de vigilancia comunitaria que realizan coordinadamente con las comunidades, federaciones y ORAU, sean articuladas con las funciones de supervisión y fiscalización a cargo del Estado.
Cabe indicar que la comisión multisectorial fue conformada tras los reiterados pedidos de acción de parte de las organizaciones indígenas de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU) y la Organización Regional de AIDESEP Ucayali (ORAU) luego del último derrame ocurrido el 10 de julio pasado en la comunidad de Nuevo Sucre.