Con la prensa orientada a la farándula y el escándalo, las noticias verdaderamente importantes o graves suelen pasar inadvertidas. Es lo que parece suceder con las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Daniel Mora, quien pone sobre la mesa, una vez más en los últimos años y por primera vez bajo este gobierno, la deplorable iniciativa de dar fin a las investigaciones judiciales por crímenes contra los DDHH. Lo dijo claramente hace dos días: “Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto. No pueden haber juicios que se destapen después de 40 años”.
Se trata de una declaración inadmisible que aboga por la impunidad y merece absoluto repudio. No vemos cómo se condice esta declaración con las intenciones expresadas ante el Congreso por el premier Lerner. El ministro Mora no puede ignorar, además, que lo dice justamente cuando, por fin, después de 25 años de burla, la justicia puede lograr la comparecencia en juicio del ex subteniente Telmo Hurtado, autor directo de la masacre de 69 personas de la comunidad campesina de Accomarca, la mayoría de ellos mujeres y niños, a quienes dio muerte con fuego de ametralladora y granadas al frente de su pelotón. Esto sucedió en 1986.
Telmo Hurtado contó con una indebida protección institucional que lo preservó de responder por su crimen, permitiéndole ascender hasta el rango de mayor. Esto incluyó la complicidad encubridora del fuero militar, donde se le impuso una sanción simbólica por delito de “negligencia” y no por homicidio agravado y múltiple, con lo cual se pretendía establecer cosa juzgada. Pero Hurtado acaba de ser extraditado de los EEUU, adonde fugó a la caída del fujimorismo. Con la propuesta de Mora, un criminal como este, en vez de juicio debería tener impunidad. Le bastaría el mérito de driblear a la justicia durante 25 años con la protección de las autoridades.
Acaso a algunos les preocupa que en el juicio que ahora afronta Hurtado, se sepa quiénes dieron las órdenes que cumplió brutalmente y se establezcan así responsabilidades de alto nivel. Por eso es lamentable que el ministro Mora pretenda corregir la plana a los jueces sobre la teoría penal de la autoría mediata, cuando dice: “No es posible que por autoría mediata se sancione a gente que no tuvo nada que ver”. Más allá de revelar que no entiende nada de teoría jurídica, se percibe la voluntad de dar margen a la impunidad de los altos rangos. No obstante, la justicia debe ir hasta el fondo de las cosas y no cabe impedirlo. Tal es el mandato del Estado de derecho.