Perú planteará en la Cumbre Presidencial Antidrogas, el primer semestre del 2012, mejorar la acción multilateral de los Estados contra el lavado de activos para atacar al narcotráfico de manera más efectiva, sostuvo hoy la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
El presidente ejecutivo de este organismo, Ricardo Soberón, indicó a la Agencia de noticias Andina que en esta batalla lo central es golpear al narcotráfico “allí donde más les duele”.
“Lamentablemente nuestros países no hemos podido aún ampliar esta cobertura contra el lavado de activos y, en ese escenario (de la cumbre), un espacio hemisférico y regional, se propondrán algunas iniciativas conjuntas”, adelantó.
El lavado de activos, que consiste en desarrollar operaciones para encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos, mueve en Perú unos tres mil 460 millones de dólares, en 404 casos investigados desde el 2003 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Soberón indicó que en el “abanico de temas” para esta cumbre –que proyecta convocar no solo a los países de la región sino también a los denominados «consumidores”, debería incluir una mejor coordinación entre los estados contra el crimen organizado.
“Tenemos que mejorar los regímenes policiales, judiciales y administrativos para poder luchar contra el narcotráfico transnacional y particularmente mejorar la cobertura de los sistema de control del lavado de activos”, anotó.
La Cumbre Antidrogas, propuesta por el presidente Ollanta Humala, también es un espacio para que los países evalúen sobre la real aplicación del principio de responsabilidad compartida.
El jefe de Devida indicó que en un contexto de crisis económica en varios países desarrollados, se hace indispensable usar mejor los recursos económicos, principalmente, en donde se puede hacer más daño al narcotráfico transnacional.
“La responsabilidad compartida se traduce hoy en una responsabilidad de carácter global que obliga a todos los países del mundo a plantear esfuerzos muy concretos en recursos humanos y financieros a nivel doméstico y multilateral para poder afrontar este problema”, indicó.
Ratificó, de otro lado, que la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca es una política del Estado y del actual gobierno que se cumplirá
“El gran reto, a diferencia del pasado, es cómo hacer de la reducción un esfuerzo sostenible en el tiempo y en el territorio, para evitar la fragmentación de las áreas de cultivo hacia las zonas de frontera o el denominado efecto globo”, puntualizó.