INFOREGION publica a continuación el resumen de un artículo publicado por el Instituto de Defensa Legal, IDL-Seguridad Ciudadana, que vincula dos hechos ocurridos recientemente: la asonada en Moquegua y la acusación de un grupo de trabajo del Congreso de la República contra el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien paradójicamente intentó realizar una compra de uniformes policiales sin un ápice de corrupción.
Tareas de un solo día.
El 16 de junio, en Moquegua, se inició el mal planeado, equipado, coordinado y ejecutado operativo de desbloqueo de la Panamericana Sur, que terminó en un sálvese quien pueda policial y en el apresamiento de un general de la PNP y decenas de sus subordinados.
Por fortuna, el penoso episodio terminó sin muertes y con un acuerdo que pudo haberse alcanzado sin siquiera iniciar el conflicto.
Pero las corrosivas consecuencias de esta debacle de las fuerzas de la ley afectan sin duda la capacidad de gobernar el país y probablemente repercutirán en los próximos conflictos.
Un contraste de esa naturaleza no solamente tiene responsabilidades operativas sino también políticas, especialmente cuando la autoridad política –el ministro del Interior Luis Alva Castro- estuvo directamente involucrado, desde lo alto de la cadena de comando, en las órdenes que culminaron en el desastre conocido.
Sin embargo, el renuente chivo expiatorio ha sido el removido general PNP Alberto Jordán.
Protegido una vez más por el presidente de la República, el ministro Alva Castro vuelve a erigirse en el símbolo de la irresponsabilidad política y la desorientación sectorial.
Lo cierto es que la continuación de un político con tan grave déficit de competencia al frente de uno de los ministerios más importantes en este o cualquier gobierno, representa un sabotaje del gobierno a sí mismo.
El caso Rospigliosi – ProEtica
El mismo 16 de junio, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República votó, luego de una especial intervención del parlamentario Aurelio Pastor, por acusar al ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, haciendo caso a los absurdos cargos presentados contra éste por el ex ministro de Fujimori (y ex congresista) Jorge Mufarech.
¿Qué tiene que ver un desprestigiado Congreso con la seguridad ciudadana? Mucho. Porque a Rospigliosi se lo acusa por haber invitado a una organización anticorrupción a vigilar la integridad y transparencia de una adquisición de uniformes policiales, sin que dicha organización (ProÉtica, representante de Transparency International en el Perú), cobrara un centavo.
Es decir, el mensaje de esa subcomisión del Congreso de la República es que no habrá acto honesto que quede sin castigo y sin persecución.
El propósito persecutorio se hizo evidente cuando Aurelio Pastor intervino luego que el presidente de ese grupo de trabajo, el aprista José Vargas, señalara que no había razón para acusación alguna. Fujimoristas y humalistas se unieron a Pastor, en una suerte de perversa coalición de lo absurdo.
Las acusaciones kafkianas suelen ser patrimonio de las dictaduras. Cuando en una democracia se arremete así contra la racionalidad, no se hace otra cosa que sabotearla. En una democracia, las palabras y las razones tienen valor. En una dictadura, son meras coartadas.
De manera que ahí están, lado a lado, las tareas de un solo día. La acusación demente de un lado y la fuga de la responsabilidad, del otro. Dos expresiones de una realidad alarmante.
Porque si el deber de todo ciudadano es defender la democracia, el de todo gobernante democrático es gobernar de acuerdo con la razón, con la ley, el sentido común y la responsabilidad. Y eso no sucede ahora.