El Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, expresó su satisfacción y saludó la decisión del Pleno del Congreso de la República, que hoy aprobó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, a la que calificó como “una norma que constituye un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para institucionalizar el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado”.
Asimismo, indicó que tal medida acoge las recomendaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo. El dispositivo aprobado recoge los consensos alcanzados con las organizaciones de los pueblos indígenas durante la legislatura anterior. A su vez, dicha norma resalta que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y los Pueblos Indígenas, a través de las organizaciones representativas de estos últimos.
“Esta consulta tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento sobre las medidas propuestas por el Estado. Los acuerdos logrados mediante la consulta serán obligatorios para las partes”, afirmó Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Según el dispositivo aprobado –conforme al artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, la consulta se debe realizar previamente a la adopción de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, señaló Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas.
Vega recordó que la entonces Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó al Congreso de la República, el 6 de julio de 2009, el proyecto de Ley que ha servido de base al proceso que nos ha conducido a la norma aprobada el día de hoy.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresa su reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones indígenas y otras instituciones que han contribuido a la aprobación de esta norma la cual contribuirá a atender las legítimas demandas de los pueblos indígenas y renueva su llamado a continuar desplegando los esfuerzos orientados a construir un Estado más inclusivo, justo y libre de toda discriminación.
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