De manera auspiciosa, el Gobierno inició ayer su plan piloto para eliminar el sistema 1 × 1, para devolver a la vigilancia y al patrullaje en las calles a un mayor número de policías. La reacción de la ciudadanía ha sido positiva, por lo menos, en Comas y en el Callao, donde se ha aplicado esta medida.
En el resto de Lima existe aún cierta desconfianza en algunos sectores de la población, que temen que la presencia policial se reduzca en establecimientos públicos yprivados. Pero, al parecer, prevalece la expectativa de la mayoría que aprueba todo esfuerzo orientado a enfrentar la delincuencia común. Según la última encuesta nacional de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A., 79% respalda la creación de una comisión nacional de seguridad, 82% aprueba la eventual reapertura de El Frontón y 58% cree que la existencia de ese penal contribuiría a disminuir el número de delincuentes.
Resulta alentador que las autoridades hayan precisado ayer que la eliminación del sistema 1 × 1 será evaluada durante seis meses para establecer su continuidad o extensión. Hay que considerar que la presencia de policías en algunos establecimientos públicos continuará, por ejemplo en los bancos que mantienen convenios con la PNP u otras entidades donde funcionan destacamentos policiales. El Ministerio de Interior debe sopesar el costo y beneficio del plan piloto que, en principio, cuenta con el apoyo de muchos policías porque los cambios en las rutinas policiales no solo resultan atractivos en materia de remuneraciones, sino que evitarán que los agentes trabajen en establecimientos impresentables.
Es positivo que, dentro de las medidas previstas, se proyecte instaurar un servicio policial voluntario, para incorporar a ciudadanos a tareas administrativas en las comisarías. Debería contemplarse además que esta iniciativa se planifique y ejecute en coordinación con las municipalidades y sus serenazgos, así como con las empresas de seguridad, que deben ser parte de la solución del problema. No olvidemos que enfrentar la criminalidad exige una política integral, basada en la prevención, la transparencia, la sanción y la capacitación de los responsables de combatirla.
Por ello, es destacable el anuncio de que las escuelas superiores de policía cumplirán con otorgar una formación mínima de seis semestres y no de nueve meses como ocurre actualmente. Tal vez esta disposición permita contar con personal capacitado, eficiente y ético. Como señala la encuesta de El Comercio, la ciudadanía demanda incrementar las sanciones para los policías corruptos, involucrados en una serie de delitos. Con estos lastres dentro de la institución policial, cualquier reforma resulta inútil.
El presidente Ollanta Humala cuenta en este momento con un porcentaje de aprobación del 55% y su mensaje a la nación el 28 de julio generó sentimientos de esperanza y confianza. Pero dichas percepciones van más allá de una cuestión de fe. Nacen de las promesas hechas por el mandatario, como aumentar el sueldo mínimo, que ya se concretó, y encabezar la lucha contra la inseguridad ciudadana, que esta vez debe cumplirse eficientemente y sin dilaciones.