Servindi. Una de las particularidades del discurso presidencial ha sido la presencia importante de la agenda ambiental: desarrollo sostenible, participación ciudadana, ordenamiento territorial y algunos otros temas fueron mencionados por el presidente. En días posteriores el caso ha sido desarrollado por el flamante ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke: se necesita reforzar la institucionalidad ambiental, ganar competencias para la autoridad ambiental en el aspecto del agua y en la evaluación de los estudios de impactos ambientales.
Se trata de apostar por una gestión ambiental que sea transectorial, conectándose con las regiones y fortaleciendo los mecanismos de consulta.
Precisamente hace unos meses el Banco Mundial presentó el informe “Sostenibilidad ambiental para el crecimiento económico y bienestar social en el Perú”, que ayuda a actualizar el diagnóstico ambiental. El informe parte de una idea central: el buen manejo de los recursos naturales y la protección del ambiente son esenciales para el desarrollo del país.
Se afirma que el Perú tiene una riqueza natural excepcional y que aproximadamente el 15% del PBI depende precisamente de los recursos naturales. Al mismo tiempo se constata que el costo económico de la degradación ambiental en nuestro país equivale a la preocupante cifra del 4% del PBI.
Lo cierto es que en los últimos años el acelerado crecimiento económico nos viene pasando factura en materia ambiental y afecta nuestra sostenibilidad. Además, lamentables herencias del pasado no han sido solucionadas, como ocurre, por ejemplo, con los pasivos ambientales mineros: según el último inventario se registran 5551 pasivos a nivel nacional.
Si bien el Banco Mundial reconoce algunos avances, también señala que el Perú enfrenta serios problemas que, de no tomarse las medidas adecuadas, podrían verse agravados poniendo en riesgo la salud de los peruanos y la sustentabilidad del crecimiento económico. Los ajustes y las recomendaciones de políticas públicas caen por su propio peso: debemos desarrollar y no recortar la política ambiental.
Una nueva gestión ambiental implicará el fortalecimiento de capacidades de prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; necesitamos evaluaciones ambientales rigurosas; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales; que se implementen los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica.
El informe del Banco Mundial hace hincapié en que el crecimiento económico no debe ser a costa de atentar contra zonas de gran riqueza natural. Para el logro de esta meta se debe fortalecer el Sistema Nacional de Impacto Ambiental y el desarrollo de capacidades en distintos niveles de gobierno (nacional y regional).
Las orientaciones están claras. Se debe insistir en la idea básica que una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, aquella que no cumple con los mejores estándares internacionales, no sólo no la necesitamos, sino que afecta las perspectivas de lograr crecimiento con sostenibilidad ambiental y social.