Los medios de comunicación de zonas cocaleras donde existe narcotráfico y terrorismo se encuentran presionados de excluir de la agenda mediática a los sectores legales que están a favor de la democracia y el desarrollo, debido al poder económico y las amenazas que ejerce sobre ellos el narcotráfico, sostuvo Iris Jave, Coordinadora de Comunicaciones e Impacto Público del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, IDEHPUCP.
«En estas zonas generalmente hay algunos sectores que están excluidos de la escena pública porque en algunos casos los medios de comunicación locales y regionales en este tipo de escenarios a veces están controlados por otros poderes, ya no es el poder político sino el poder comercial que puede tener el narcotráfico, por ejemplo», sostuvo Jave en diálogo con INFOREGIÓN.
Agregó que el periodista o el medio de comunicación de estas zonas están en riesgo permanente de dar espacio en sus medios a cultivadores cocaleros ilegales, cuya producción es dirigida al narcotráfico, y excluir de la agenda mediática a sectores legales, como cultivadores de piña, cacao u otros productos, que pueden convertirse en una competencia y por ende, en una amenaza para el narcotráfico.
«Los cocaleros legales u otras organizaciones sociales que no están vinculadas al narcotráfico y que de alguna manera pueden convertirse en una amenaza para ellos (el narcotráfico), porque por ejemplo sus productos se exportan; pueden ser una competencia, una amenaza para el narcotráfico, y por ello son excluidos de los medios», refirió la comunicadora.
Al respecto, detalló que estos cultivadores legales están amenazados en su libertad de expresión al ser excluidos de la escena pública, de los medios, pues no son tomados en cuenta y no se considera que lo que hacen tiene relevancia para el desarrollo de sus comunidades y del país.
«Entonces, tenemos otro tipo de escenario en los medios, solamente hay una voz predominante o una hegemonía de ciertos grupos que están a favor del narcotráfico, mientras que los que están por el desarrollo, por la exportación, por la empresa local y regional, terminan siendo excluidos», enfatizó.
Si bien es cierto que la libertad de expresión le corresponde a la ciudadanía, como un derecho básico y elemental, Jave manifestó que ésta también se está permanentemente en riesgo, «ya sea a veces por el poder político, por el poder económico o a veces porque los propios individuos, grupos sociales no tienen suficientemente estrategias de intervención y participación en los medios»,
«Yo creo que no solamente tiene que ver con que los medios no los incluyan o no los incorporen (a los sectores de cultivadores legales), sino que también estos grupos sociales carecen de estrategias de intervención y terminan siendo dejados de lado», dijo.
En cambio, agregó, los agricultores ilegales han desarrollado estrategias de llegar y tener presencia en los medios, porque entienden que la escena de los medios es súper importante para su discurso político y por lo tanto los utilizan en ese sentido.
«No creo que en estos escenarios regionales solo existan los productores ilegales, en estas zonas también existen los productores legales y otros sectores sociales, pero no aparecen, no participan, porque ellos no tienen estrategias para intervenir, participar y hacer oír su voz».
De acuerdo a Jave, «esta intervención cotidiana de estos grupos que tienen hegemonía, herramientas y recursos para intervenir, define la agenda pública regional que se va convirtiendo en una secuencia de los temas que colocan estos grupos, y a veces los propios medios no se dan cuenta de eso y excluyen a los sectores que podrían ser relevantes para cualquier sociedad».
Jave lamentó que en nuestro país los periodistas se esten acostumbrando a hablar desde un solo lado, cuando lo que se debe hacer es tener un periodismo de calidad, que tenga una mirada integral de todos los aspectos de un problema, que denuncie el problema explicando qué hay detrás y profundizando la información.
«Creo que por eso, hay gente que termina diciendo «pobrecitos los cultivadores de coca, porque no tienen otra alternativa», pero no se explican las otras variantes, las posibilidades, los efectos que el narcotráfico tiene en los jóvenes, en los niños o incluso las otras posibilidades que existen si se incorporan a un sistema productivo legal, las posibilidades de exportación y de crecimiento».
Sobre la ilegalidad de los medios en zonas donde existe el narcotráfico y el terrorismo y lo difícil que es hacer prensa en estas zonas, la Coordinadora de Comunicaciones e Impacto Público del IDEHPUCP, sostuvo que «a veces hay estas paradojas, pues terminan cerrando una radio que está a favor del desarrollo, la democracia y dejan funcionando a una radio legal pero de repente financiada por narcotraficantes. «El Estado no distingue cuál es cuál y cierra solamente porque supuestamente es ilegal» precisó.
Finalmente, destacó la labor de INFOREGIÓN, que trata de recoger los discursos de ambos lados, cultivadores legales e ilegales, y de la gente, de la población «porque a veces la gente no está ni con uno ni con el otro, está esperando que le den mucha mayor información, más argumentos, una variedad de fuentes, de recursos para poder formarse una opinión y no quedarse solamente con lo que le dice un sector o el otro».