La Junta Directiva de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), que agrupa a cerca de 500 municipios del país, emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por el abandono de los municipios rurales y la falta de descentralización económica pese al crecimiento del PBI y duplicación de ingresos fiscales del país en los últimos 5 años.
“Este crecimiento económico no ha significado un importante avance en la descentralización económica, de suerte que al año 2005 Lima tiene el 46.1% del PBI. En las zonas rurales la disminución de la pobreza ha sido mínima, incluso esta disminución no es sostenible en la medida que el incremento del proceso inflacionario hará retroceder lo poco avanzado convirtiendo a los pobres en más pobres”, señaló.
En otro punto, REMURPE lamentó que el proceso de descentralización, anunciado al principio del actual gobierno bajo la propuesta del «Shock Descentralista», ha tenido un retroceso desde la aplicación de diversas medidas, como la centralización de programas sociales en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la exclusión de las representaciones municipales de espacios como el CEPLAN.
Por otro lado, indica que pese al incremento de ingresos a la caja fiscal por renta minera y gasífera, el Gobierno Central no cumple con su función de compensación a las regiones y municipios que no poseen dicho recurso y, lo que es peor, no es transparente en cuanto al uso del 50% de la renta que retiene.
El REMURPE también criticó que el Gobierno se resiste a implementar una política tributaria donde los que «ganan más, paguen más», lo que implica cobrar impuestos a las sobreganancias de las empresas extractivas que solucionaría este problema.
Por estas razones, REMURPE considera contraproducente la reducción del presupuesto 2009 para las municipalidades y regiones, en especial para los municipios rurales, puesto que son estas jurisdicciones donde el abandono presupuestal ha sido significativo y donde es necesario incrementar recursos para inversión pública.
Finalmente, piden al Gobierno respetar los derechos de las comunidades andinas y amazónicas y escuchar sus demandas frente a las corporaciones transnacionales que quieren invertir en la explotación de los recursos naturales. Igualmente, requirieron que las comisiones de Descentralización y Gobiernos Locales y de Presupuesto del Congreso impulsen proyectos de Ley que atiendan estas situaciones.