El presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), Daniel Roca, calificó como un acto de discriminación el Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM.
“La norma establece el pago de 10 mil nuevos soles a las organizaciones afectadas. Sin embargo, el monto es poco” precisó.
Se informó que el decreto dispone iniciar el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI) en favor de las víctimas de la violencia. Sin embargo, Daniel Roca precisó que se ha distorsionado la finalidad y los enfoques de la norma que creó el Programa Integral de Reparaciones (PIR).
“Como organización rechazamos la norma que dispuso el actual gobierno, ya que se trata de un acto de discriminación. Se ha asignado 10 mil nuevos soles a las organizaciones de afectados de la violencia ocurrida en el período 1980–2000”, señaló Daniel Roca en conversación con el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN.
Además, indicó que en el país existen mejores experiencias sobre las reparaciones. Dijo que en el caso de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, los afectados recibieron más de 100 mil dólares. Los familiares de los policías caídos consiguieron 56 mil soles y de los comités de autodefensa, más 31 mil soles.
El presidente de la CONAVIP no dudó en cuestionar la norma, ya que explicó que introduce criterios de pobreza o necesidad para los padres de las víctimas fallecidas o desaparecidas, y condiciona el pago de las reparaciones a aquellas personas pobres, aún cuando no se encuentre previsto en el Reglamento de la Ley del PIR.
No pedimos limosnas
“No estamos pidiendo ningún apoyo económico ni mucho menos ninguna limosna, pero sí una justa reparación, ya que muchas personas asesinadas dejaron más de ocho hijos en el abandono. No es justo que todos los afectados tengan que repartirse el monto”, explicó Daniel Roca
Dijo que están convocando a sus bases para solicitar una audiencia con la Presidencia del Concejo de Ministros y dialogar con el presidente electo Ollanta Humala para que expongan cuáles son sus posiciones frente a la norma en cuestión.
“Hago un llamado a las bases de las víctimas de las violencia en el VRAE para que discutan sobre la norma y se unan a nuestro reclamo. El 17 de este mes tendremos una reunión a nivel nacional, donde estaremos adoptando medidas de presión”, concluyó.