Los conflictos sociales no se solucionan con la intervención de la policía, sino con la solución de los problemas sociales que los originan. Sin embargo para el gobierno saliente (APRA) era un tema cuyo análisis, intervención y solución se encontraba en manos de la policía.
Es así que en Julio del 2009 uno de sus Ministros del Interior, el hoy Congresista electo Octavio Salazar Miranda (Fuerza 2011) anunció la creación de una Oficina de monitoreo de conflictos sociales, declarando a los medios de comunicación que un factor importante y justificatorio de la creación de este organismo era la necesidad de hacer toda una evaluación sobre los conflictos sociales mirando el fenómeno no solo desde un punto de vista policial, sino desde una óptica sociológica y antropológica y que además el personal policial asignado debería tener conocimiento del lugar donde iba a operar.
¿El Ministerio del Interior y la Policía, tienen como función analizar y evaluar los conflictos sociales? Pues de esa forma se ha venido utilizando el recurso operativo de la Policía Nacional destinado a garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los peruanos, obligando a sus integrantes a reprimir a la población como forma de solucionar los conflictos sociales, con los costos sociales ya conocidos, favoreciendo a los grupos de poder económico con quienes ya existen compromisos, acuerdos o pactos anteriores.
Y repito la palabra “obligando”, pues todos recordamos cuando el Presidente García declaró ante los medios de comunicación que el General Alberto Jordán se entregó mansamente en Moquegua en clara alusión a su falta de decisión de utilizar la fuerza y la represión contra la población.
Criticó que el contingente dirigido por el citado Oficial General no estuviera provisto de armas disuasivas, lo cual permitió a los agitadores reducir con facilidad a los policías, dando a entender que el costo social hubiera estado justificado si se hubiera hecho uso de las armas.
El Presidente entonces, tuvo algunas frases muy duras contra el General Jordán a quien, prácticamente calificó de cobarde: «Una persona que tiene miedo físico es mejor que no se meta en estas cosas». Finalmente; y de manera arbitraria pasó al retiro al General Jordán y fue denunciado ante la Justicia Militar, seguramente para asegurar la fidelidad de otros mandos en circunstancias similares. Jordán brindó una lección de sensatez y prudencia a pesar de que el costo profesional para él mismo fue elevado.
Es así que en el caso Bagua y en Puno recientemente, una vez más, se vuelve a utilizar a la Policía como solución a los conflictos sociales y ante el lamentable costo social, el mismo Presidente García cambia de discurso para entibiar su responsabilidad política en estos hechos y declara esta vez que la policía actuó con prudencia y que el asunto no es contra su Gobierno sino contra el Gobierno entrante y que hay intereses políticos de por medio para presionar al Presidente electo.
Felizmente nadie le cree y estamos solo a días de la salida de su infortunado gobierno, marcado por la corrupción, el abuso y la arbitrariedad, que ha llevado con la complacencia de quienes la dirigen, al fondo de una aguda crisis institucional a una de las más importantes organizaciones del Estado como es la Policía Nacional puesta incondicionalmente al servicio de los intereses del gobernante de turno.
Mi oposición y mi rechazo a que se siga utilizando a la Policía Nacional como solución de conflictos sociales reprimiendo a la población, generando resentimientos y odios hacia los policías peruanos.
Apoyo la propuesta del Presidente Ollanta Humala, quien al no tener compromiso alguno con los grupos de poder económico, irá al fondo de la cuestión, dialogando y consensuando como la mejor solución para resolver los problemas sociales desde sus inicios, asegurando que los ganadores en todo caso, sean los peruanos.
Invoco al Señor Presidente Constitucional electo, efectúe la reingeniería que sea necesaria en la Policia Nacional para que retorne al cause de su misión, recupere la seguridad ciudadana y se convierta en una autentica policia democrática al servicio de la sociedad.
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