Elpasotimes.com Evo Morales forjó su carrera política desde las trincheras de campesinos que defendían la siembra de coca, pero por primera vez desde que llegó al gobierno, desplegó esta semana a soldados y policías con la misión de erradicar cocales en el Chapare, la región de la que emergió como activista y líder sindical.
Aunque la decisión recibió cierto respaldo de los cocaleros de Chapare, que admitieron el fin de semana en una asamblea el crecimiento desmedido de las siembras, es inaudita para alguien quien, con tal de mantener la congruencia con los principios con los que llegó al poder, sigue presidiendo el sindicato cocalero que lo catapultó a la política.
Hasta ahora, el gobierno de Morales había adoptado lo que denominaba «racionalización de la coca», distanciándose de las medidas de erradicación implementadas a la fuerza por anteriores administraciones, y que consiste en la reducción voluntaria o en consenso de plantíos por parte de campesinos o autoridades.
Pero esta vez, armados con machetes y picos, policías y militares comenzaron la destrucción de cultivos en la región tropical de Chapare, en el centro de Bolivia y el martes encontraron los primeros focos de resistencia con labriegos que bloquearon con troncos rutas de ingreso, informó el martes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Los mismos sindicatos cocaleros denunciaron aquellos terrenos que exceden la medida permitida para que se proceda a su erradicación. Hasta ahora no ha habido arrestos ni reportes de enfrentamientos que dejen heridos.
Para justificar las medidas, el ministro dijo en rueda de prensa que «no tienen moral aquellos compañeros (cocaleros) que se excedieron con la coca, no son todos, sabiendo que la coca excedente va al problema ilegal», que es la producción de cocaína.
No es que el gobierno de Morales haya permitido o instigado un incremento de los cultivos de coca en el país, que prácticamente han venido aumentando desde gobiernos anteriores, pero las cifras de organismos como la ONU indican que en el 2010 la extensión de esos sembríos creció por lo menos un 1% hasta alcanzar 30.900 hectáreas.
El informe anual de ese organismo sobre la materia suele ser difundido en junio, por lo que la nueva versión es esperada en cuestión de semanas.
La arraigada tradición del uso de la coca, a la cual los indígenas andinos le dan usos medicinales y místicos, llevó en el 2004 a Bolivia a permitir a las familias del Chapare la siembra de un área que llaman «cato» y equivale a 1.600 metros cuadrados.
Hasta ese momento la coca en esa parte del país era considerada ilegal y su cultivo era únicamente permitido en Los Yungas, una región al norte, donde siempre han existido cocales.
El ahora presidente Morales gestionó el permiso para que los campesinos de Chapare también pudieran sembrar coca.
Desde hace casi medio siglo, los indígenas andinos padecen por la prohibición internacional que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU, emitió contra el cultivo y conminó al exterminio del arbusto cultivado ilícitamente, en virtud de que es la materia prima para producir cocaína.
Hasta 20.000 hectáreas de cocales son consideradas lícitas en Bolivia, lo demás es un excedente que el gobierno y los cocaleros saben que termina en la lucrativa industria clandestina de los narcóticos.
En Chapare están autorizadas 7.000 hectáreas, ciñendose a lo contemplado por la ley, pero en Los Yungas, donde no responden a los lineamientos de Chapare sino a su propio sindicato, también se ha reportado pronunciados incrementos de sembríos, llevando la extensión de los mismos muy por encima de las12.000 hectáreas que tienen permitidas.
Cáceres dijo que el gobierno hará respetar la decisión de los cocaleros de Chapare que acordaron castigar a los infractores con la erradicación definitiva de su cocal y la reversión (confiscación) de su tierra si es sorprendido procesando cocaína en laboratorios caseros.
«El castigo se debe imponer por una cuestión de disciplina sindical», afirmó.
En Los Yungas la erradicación de coca excedente tiene escaso avance, con solo 863 hectáreas en lo que va del año frente 3.529 en el Chapare.
En concordancia con las normas internacionales y sus propios esfuerzos para combatir el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha promovido drásticamente la erradicación de la coca mediante diversos programas y políticas, incluida la de ofrecer incentivos arancelarios a ciertos productos originarios de los países andinos que demuestren su compromiso en luchas contra el tráfico de drogas.
Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú, respectivamente. El gobierno de Washington castigó a Bolivia privándola de las preferencias aduanales desde 2009.
El incremento de cocales en Bolivia, coincide últimamente con la marginación de Estados Unidos en los planes para controlarlo debido a la ruptura de vínculos diplomáticos entre los gobiernos de La Paz y Washington, después de que Morales acusara en 2008 de espionaje e injerencia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg y a la misma agencia antinarcóticos de Estados Unidos, DEA. El diplomático y la agencia fueron expulsados del país.
Hasta ahora, las relaciones con Estados Unidos no se han restablecido y ese país, un actor principal en la lucha internacional contra el narcotráfico, quedó relegado de ese papel en Bolivia. Pero ha surgido un nuevo protagonista: Brasil.
Al gobierno brasileño le preocupa el auge de cultivos en Bolivia porque el principal destino de la cocaína producida en laboratorios clandestinos bolivianos son las calles de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Recife, entre otras de sus ciudades.
Con el compromiso de organizar el mundial de fútbol en el 2014 y los juegos olímpicos en el 2016, Brasil se ha dado a la tarea de combatir la delincuencia y las pandillas que operan en las favelas, pero parte de los problemas de criminalidad radica en el suministro de cocaína.
Así que Brasil se ha erigido en el nuevo aliado del gobierno de Morales en luchar contra el narcotráfico, prueba de ello es el reciente convenio bilateral para controlar el tráfico de drogas en la frontera común, que da luz verde a las autoridades brasileñas a utilizar aviones no tripulados de vigilancia, entre otras medidas.
Cáceres anunció también que está por firmarse, seguramente la semana entrante, un convenio trilateral –Bolivia, Brasil y Estados Unidos– para monitorear la extensión de cultivos de coca en Bolivia y que pese a la intención de las autoridades bolivianas de minimizar la participación de Washington en el mismo al aporte de tecnología para hacerlo operativo, vuelve a poner presión sobre el gobierno de La Paz en el tema.
Morales no busca nada más satisfacer las demandas de Brasil en la materia, también quiere demostrar que su política antidrogas es efectiva a pesar del golpe que la DEA le asestó en marzo al arrestar en Panamá a uno de los jefes policiales antinarcóticos acusándolo de traficar cocaína y exponiendo las vulnerabilidades del país ante la penetración del narcotráfico.
Y el presidente boliviano está empeñado en desatanizar la coca y busca apoyo internacional para que la JIFE excluya el arbusto andino de la lista de plantas –que igual que la adormidera y otras– están prohibidas o por lo menos reforme las severas condiciones contenidas en su convención internacional de 1961, que entre otras cosas exhorta a terminar la práctica de masticar las hojas del arbusto, una herencia cultural de indígenas en países como Bolivia, Perú y Colombia.