La Defensoría del Pueblo registró, en lo que va del año, un total de 76 conflictos sociales en todo el país, de los cuales el 36% están relacionados con temas ambientales, el 29 % se relaciona con el desempeño de las autoridades provinciales y distritales, un 12% obedece a disputas entre comunidades y un 8% tiene que ver con demandas gremiales.
Así lo informó Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, quien indicó que del total de conflictos, 29 se encuentran activos (38 por ciento), 47 en estado latente (62 por ciento), en tanto que cinco casos ya fueron resueltos.
El funcionario indicó que los casos de protestas contra empresas extractivas ascienden a 26 y detalló que sobre el tema de la minería informal, se presentaron cuatro casos, puntualizando que unas 28 mil personas se dedican a esta actividad sin tener la autorización necesaria lo que conlleva a riesgos para la salud de las personas involucradas y el deterioro ambiental de las zonas donde se realiza esta actividad.