“El 42% de candidatos con procesos vinculados al tráfico ilícito de drogas se ubican en Huánuco y Ayacucho”, según el estudio Elecciones Regionales y Municipales 2014 en distritos con Producción Cocalera, presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC).
Esta información está basada en la lista oficial que dio el Ministerio del Interior de acuerdo a la situación legal que enfrentan ; y de los cuales, el 75% se encentra en condición de investigados.
El documento -presentado por Flavio Mirella, representante de la UNODC para Perú y Ecuador; Federico Tong, asesor de la Representación; y comentado por el presidente de Devida, Alberto Otárola- analiza el escenario electoral de este año, a nivel de 106 distritos en los cuales se registra producción de hoja de coca en el país.
De acuerdo a esta información, las zonas cocaleras albergan poco más de 750 mil electores que elegirán a 1,197 autoridades en 13 regiones (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali).
En el caso de Huánuco, existen tres candidatos sentenciados, cuatro enjuiciados, dos con conmutación de penas, uno con impedimento de salida del país, 16 investigados y dos con requisitorias. En Ayacucho hay tres sentenciados, cinco enjuiciados y 16 investigados.
Otro dato interesante que arrojó el estudio es que la presencia de los partidos políticos se ha venido reduciendo, frente al crecimiento de los movimientos regional. Asimismo, es notoria la falta de rendición de cuentas de aportaciones y gastos de sus campañas, por parte de los partidos y movimientos políticos, según manifestó Tong, quien tuvo a cargo la exposición del estudio.
Por su parte, Alberto Otárola afirmó tajantemente “no queremos narcocandidatos” e hizo una invocación a las autoridades denunciar a los candidatos que representen un riesgo para la infiltración del narcotráfico en la política nacional.
También manifestó que el análisis de las hojas de vida de los candidatos no debe referirse tan solo a aspectos formales de estudios, grados o direcciones consignadas, sino principalmente incidir en las declaraciones juradas de bienes y rentas.
Otro aspecto que resaltó es la necesidad de reabrir el debate sobre el financiamiento público de los partidos políticos, el cual permitiría tener un perfecto control sobre los ingresos de fondos a las campañas y sus gastos. Al respecto reveló que ya se viene preparando un proyecto de ley.
Para acceder al resumen del estudio haga click aquí: Presentacion Final ERM 2014