AMAZONAS. En el sector El Tambo, área adyacente a los distritos de Río Santiago y El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, la minería ilegal de oro continúa afectando el territorio del pueblo indígena awajún. La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), la cual agrupa a 63 comunidades nativas, alerta que la zona ubicada en la región de la Cordillera del Cóndor, cerca a la frontera entre Ecuador y Perú, se encuentra controlada por dos grupos de mineros ilegales.
El primero estaría siendo presuntamente encabezado por Luis Alberto Peña Vergaray y Eloy Anjis Juwau, este último pertenecería a la comunidad awajún Shaim. Mientras que la segunda organización ilegal estaría a cargo de Saul Yampis Kantua, quien también sería miembro de la misma comunidad nativa, con el respaldo de un individuo alias «Edwin Chuima».
Odecofroc advierte que los grupos dedicados a la economía ilícita dinamitan depósitos hídricos naturales, también conocidos como ojos de agua, los cuales alimentan al río Cenepa. Además, se ha detectado la construcción de 200 metros de socavones de profundidad para extraer el mineral.
Dichas acciones han sido consideradas por las comunidades indígenas afectadas como un crimen ambiental. Pues, han provocado la destrucción de las cabeceras de la quebrada Sawientsa, afluente que viene siendo contaminado con desechos tóxicos y que se conecta a otros ríos aledaños, los cuales abastecen con agua de consumo humano a más de 15 mil habitantes.
Además, demandan al Estado la investigación de la construcción de la Carretera de Herradura, debido a que la organización indígena sospecha que la vía sería utilizada por los mismos grupos de minería ilegal para transportar el oro, entre otros recursos, ocasionando mayores daños ambientales en su territorio.
Cabe indicar que el año pasado el Gobierno, a través del Decreto Supremo n.º 104-2022-PCM, prorrogó el Estado de Emergencia declarado en junio en la provincia de Condorcanqui, hasta el mes de agosto del mismo periodo, para combatir los actos vinculados a la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos relacionados.
Augostina Mayán, lideresa indígena awajún y representante de Odecofroc, confirmó a Inforegión que la medida para garantizar la seguridad local y la protección del ambiente ya no se está llevando a cabo. «El 7 de diciembre, cuando sucedió el autogolpe de Pedro Castillo, ahí desactivaron todo», afirmó.
Por tal motivo, las comunidades awajún exigen la intervención de las autoridades competentes, tales como la Policía y el Ejército, puesto que la zona donde se realiza la extracción ilícita y desmedida del oro actualmente está en abandono, y los ciudadanos indígenas que han decidido realizar vigilancias y monitoreos en el lugar son amenazados por los dos grupos de minería ilegal.
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