«Hay que empoderar a las comunidades nativas en la lucha contra la tala ilegal»

El Perú no está solo en la lucha por la defensa de nuestros bosques amazónicos. Nuestro país tiene varios acuerdos con los países vecinos y con ellos también se pueden sumar fuerzas a favor de la conservación de nuestra Amazonía. Es así que esta semana, la Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía” del Parlamento Andino aprobó el marco normativo para la “Lucha contra la tala y comercio ilegal de madera en los bosques amazónicos de la región andina”.

Dicho documento formulado para combatir las actividades ilícitas en la Amazonía es el resultado del trabajo y consulta a diferentes instituciones involucradas en países como Colombia, Ecuador, Bolivia y el Perú, ya que nuestras naciones comparten el reto de combatir el delito de la tala ilegal, actividad que afecta los bosques amazónicos de estos países.

Con el fin de conocer los alcances de esta nueva norma para combatir la tala ilegal es que INFOREGIÓN conversó con su impulsor, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez, quien explicó la importancia de dicho reglamento en el ámbito nacional e internacional y los cambios legales a favor de los bosques que esta iniciativa trae consigo.

A nivel mundial, el Perú es uno de los diez países con mayor superficie de bosques. Es el cuarto en superficie de bosques tropicales y el segundo con mayor cobertura forestal en América Latina. Según el INEI, nuestros  bosques ocupan más de la mitad del territorio (57.3%), siendo la Amazonía la región que mayor porcentaje de cobertura boscosa posee. Por ello, tanto el gobierno como la sociedad civil debe estar interesados en su conservación ante el impacto de actividades ilícitas.

Al respecto, Ramírez sostuvo que «la tala ilegal es un delito que afecta no solo la economía del país, también al medio ambiente y a las comunidades nativas. Por eso, se tiene que ser consciente de las impactos que resultan de dicha actividad»,

Si bien no todas las actividades relacionadas con la extracción de madera, promueven necesariamente, en un primer momento, la deforestación; es necesario precisar que actualmente el proceso de tala ilegal sí merma el bienestar de los bosques amazónicos y de las comunidades que habitan en él. Esta actividad ilícita es practicada por taladores que aprovechan que las leyes para combatir este delito no son drásticas y que pueden burlar traspasando fronteras. Aunque en el Perú y otros países miembros de la Comunidad Andina han existido sanciones, con el nuevo marco normativo las penas se endurecerían.

«Este delito no respeta ríos ni fronteras. Los Wampís ven pasar la madera a cada rato. [Por ello], el tema de perseguir la extracción ilegal de las maderas (sobre todo las protegidas como el roble, el cedro, la caoba o el tornillo) viene de tiempo atrás. De hecho, el Código Penal cambió en su artículo 310 y 310a las penas, pero ahora estas penas serían efectivas. Por la tala ilegal, la privación de la libertad es de 4 a 6 años; y por comercialización y almacenamiento de la madera ilegal es de 4 a 7 años», precisó Ramírez.

No obstante, tal como comenta el mismo parlamentario andino, en donde no ha habido muchos cambios en cuanto a las labores de prevención es en la utilización de herramientas tecnologías, como por ejemplo el empleo de satélites, los cuales serían usados como medios para determinar en qué zonas se está practicando la tala ilegal.

«Los wampís ven pasar la madera a cada rato»

-Juan Carlos Ramírez

En adición, este marco normativo constituiría un instrumento que permitirá un trabajo conjunto entre las autoridades forestales de los países andinos para la reducción de la tala ilegal de madera. Sin embargo, cabe precisar que esta iniciativa aún no se encuentra en vigencia. Según el mismo Juan Carlos Ramírez, la aplicación de dicho reglamento dependerá de la ejecución que se de cada país, pues es necesario que cada secretaria lo formule y lo haga efectivo.

«Hemos hablando con los equivalentes de Serfor y Osinfor en Ecuador, Colombia y Chile. También nos hemos reunido con Usaid y la Interpool. Lo que hemos encontrado es que hay un fraccionamiento en cada país. El mérito que tiene el marco es ese afán de integración para que los países trabajen en conjunto para armonizar sus acciones y tiempo de respuesta para así actuar con la rapidez que este delito amerita», resaltó Ramírez.

Finalmente, otro aspecto a resaltar en la iniciativa es la participación de la sociedad civil dentro de la lucha contra la tala y el comercio ilegal de madera. Para Ramírez, son las comunidades indígenas los actores directamente afectados por estos delitos. «Las comunidades wampís o ashaninkas viven en los sitios donde ocurre la tala. Entonces lo que dice el marco es que hay que empoderar a estas comunidades y sus comunicaciones para que sean los primeros testigos que digan que estos delitos están ocurriendo. Estos ciudadanos son como un sistema de radar muy sensible a esta actividad ilícita: Que intervengan es fundamental», destacó.

Los bosques representan una importante fuente de reserva de alimentos para la humanidad, y además son espacios fundamentales para la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El Perú comparte dicha riqueza con otros países sudamericanos que deben estar alineados en la búsqueda de su cuidado y preservación.

«Hago un llamado casi desesperado a que protejamos los bosques. Ellos son los pulmones del planeta. Y si no los protegemos no estamos cuidado el ciclo del agua ni la diversidad; estaremos quitándole los principales pulmones al mundo. Ya no quedan muchos», advirtió Ramírez.