La cocaína aspirada por unos 15 millones de narices en todo el mundo durante 2011 barrió también con casi 16,500 vidas en México. Los muertos en cinco años de la guerra contra los carteles emprendida en ese país superan los 50 mil.
Según los estimados del actual gobierno de Colombia, el saldo mortal es de 400 mil personas en los últimos 40 años.
El VRAE peruano es el principal desafío de seguridad para la administración de Ollanta Humala y de allí sale la mayoría de hoja de coca cultivada en el país que, a su vez, es el principal productor de la droga en el mundo.
Los tentáculos del narcotráfico siembran muerte y gangrenan sociedades. La sangría ha llegado al punto que el debate sobre la revisión de las políticas antidrogas llegó en los últimos días a los más altos niveles presidenciales.
La última mecha fue prendida por el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que propuso “legalizar y regular la producción, transporte y comercialización de drogas”. Su país, azotado durante años por la violencia política y sus secuelas, ahora es también un eslabón fundamental en el tránsito de la cocaína rumbo al norte.
La producción de heroína, con similar número de consumidores en el mundo que la cocaína, es el nuevo calvario de Afganistán. La marihuana y drogas más “contemporáneas” como el éxtasis conllevan sus propios desafíos. Pero en la región es la cocaína la que tiende un cordón umbilical con la inseguridad.
En su intervención inaugural durante la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena, el colombiano Juan Manuel Santos declaró que “a pesar de todos los inmensos esfuerzos, los grandes costos, tenemos que reconocer que el negocio de las drogas ilícitas sigue prosperando”.
“La legalización no es la respuesta”, zanjó Barack Obama.
La otra cara de esta oscura moneda es labrada con la tragedia de la adicción. Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas, consume 157 toneladas de cocaína al año: el 36% del total mundial.
“Es por eso que hemos destinado decenas de billones de dólares a reducir la demanda de drogas”, explicó Obama.
Esos fondos tienen su efecto. Los informes de la Oficina de Drogas y Crimen de NN.UU. (UNOCD) calculan que el valor del mercado de la cocaína en Estados Unidos se redujo en dos terceras partes desde la década del 90 y en un 25% en los últimos diez años.
Según ha interpretado Antonio María Costa, director ejecutivo de la UNOCD, el infierno atizado cada vez más en México refleja la competencia por un mercado que se encoge.
En Cartagena, Obama ratificó el camino. “Los Estados Unidos aceptan nuestra cuota de responsabilidad por la violencia de las drogas”, advirtió. “Por eso hemos dedicado más fuentes de financiamiento a reducir el flujo de dinero y armas a la región”.
Además consideró que la economía de las drogas podría “dominar ciertos países si se le permite operar legalmente, sin restricciones” y “ser igual o más corruptora que el statu quo”.
El trazo blanco de la cocaína encuentra sus rutas para prolongarse. En Europa, que hoy recibe más de 120 toneladas de cocaína al año, el volumen se duplicó desde el año 2000. A pesar de que desde ese año la superficie cultivada de coca se redujo en un 33%, la cantidad de consumidores en el mundo es estable desde finales de los noventa. Incluso hay una leve tendencia al alza.
El consumo ya no es solo un problema a gran escala al otro lado del charco. La brasileña Dilma Rousseff, que en Cartagena se mostró de acuerdo con Santos y Pérez Molina, gobierna al país que tiene el segundo puesto mundial del ranking de cocaína en el mundo, con 900 mil consumidores, según el último informe anual sobre la estrategia para el control de narcóticos de Estados Unidos. En la región lo sigue Argentina, con 600 mil.
El más reciente estudio de CEDRO arroja que casi 470 mil peruanos han probado cocaína o PBC alguna vez en su vida. Según los cálculos de su director ejecutivo, Alejandro Vassilaqui, casi 70 mil de estos tendrían problemas de adicción. Su persuasivo argumento contra la legalización es el de “una epidemia de consumo que no podríamos enfrentar”.
Pero tanto Santos como Rousseff se cuidaron en Cartagena de no abogar específicamente por la legalización. El colombiano consideró que “un lado puede ser que todos los consumidores vayan a la cárcel. En el otro extremo está la legalización. En el medio, podemos tener políticas más prácticas”.
Ese importante matiz semántico fue introducido por otro ex presidente colombiano. César Gaviria, quien también fuera secretario general de la OEA, unió hace tres años esfuerzos con el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo en la Comisión Global sobre Política de Drogas. Otro de sus comisionados es Mario Vargas Llosa.
Gaviria declaró a CARETAS que “EE.UU. debate entre el prohibicionismo y la legalización por no buscar soluciones intermedias. La legalización es una posición un poco muy libertaria y parece facilista. Lo primero es establecer que el consumo no es un crimen sino un problema de salud que hay que enfrentar como tal y no como un problema criminal. En ese momento hay muchas alternativas de política, que es lo que han hecho los europeos. Salvo Suecia, todos se han movido a una política de no penalizar con cárcel a los consumidores y, unos más, otros menos, han puesto todo su sistema de salud al servicio de los adictos. Eso ha reducido la violencia y el tamaño del mercado ilegal. No hay soluciones buenas a un tema tan complejo y esa es la solución que menos daño le hace a la sociedad”.
Compara esa situación con lo que ocurre en Estados Unidos. “En Europa han aprendido a hacer tratamientos, campañas de prevención y sin duda tienen mucho menos violencia, no tienen una población carcelaria tan desproporcionada como la de EEUU, donde la inmensa mayoría de US$ 40 billones se va al aparato de justicia y policía para perseguir no a los narcotraficantes sino a los consumidores”.
En informe preparado para la comisión, el especialista Bryan Stevenson encuentra una relación directa entre la penalización de estimulantes y el incremento de la población carcelaria a nivel mundial, que en una cifra sin precedentes actualmente supera los 10 millones de personas.
En el caso de Estados Unidos, los presos pasaron de ser 330 mil en 1972, justo antes de que Richard Nixon declarase la guerra contra las drogas, a 2.3 millones en la actualidad.
Con la debida distancia, el ministro de Justicia peruano, Juan Jiménez, reconoció la semana pasada que “el sistema penitenciario ha tocado fondo”. Con 56 mil internos el hacinamiento es al 100% y desde que comenzó el actual gobierno 8 mil personas más cayeron presas. El ex ministro Aurelio Pastor alertó que un buen porcentaje del incremento tiene que ver con la microcomercialización (CARETAS 2113).
Gaviria cree que “la administración de Obama está cambiando de enfoque pero no de políticas. Ya reconocen que el problema está en reducir el consumo y que la interdicción en los países productores se agotó, no porque no se haya que hacer sino porque no ofrece más posibilidades. El Plan Colombia mejoró la seguridad del país, pero lo máximo que se puede mostrar en materia de narcotráfico es que los cultivos se desplazaron un poco de Colombia a Perú. Hoy el desafío es militar, y en un país como México es muy difícil aceptar incurrir en esa cantidad de muertos y violencia simplemente para mantener el statu quo”.
Gaviria señala que ha sido difícil romper el dique de contención sobre el debate en Estados Unidos. Además de tener a bordo como comisionado a Paul Valker, ex presidente de la Reserva Federal, cuentan con el apoyo de los ex presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton. La apertura de la televisión es casi nula, “pero los medios escritos especializados en Economía, desde The Economist hasta el Financial Times y el Wall Street Journal están completamente abiertos a la información. Lo mismo que The New York Times y los Angeles Times”.
Otros no han sido convencidos. El canciller Rafael Roncagliolo confirmó a las periodistas en Cartagena que “Perú no está a favor de la despenalización de las drogas, considerando nuestra situación de país productor y la importancia que le damos a la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado”.
Y si Santos se congratuló con el diario español El País porque “en lo que respecta a las drogas obtuvimos lo que queríamos, que era iniciar un debate”, su predecesor y ex jefe Álvaro Uribe se ha convertido en su más amargo crítico. Recordó hace algunos días, en el foro de liberales organizado por Vargas Llosa en la Universidad de Lima, que “el gran enemigo de los recursos naturales ha sido la droga”, en referencia a la dramática deforestación provocada por los cultivos ilegales. Añadió sobre el vínculo entre consumo y violencia que “el 100% de los sicarios capturados en mi país estaban bajo el influjo de la droga o su combinación con el alcohol al momento de cometer sus crímenes”.
En una andanada de twitter en las vísperas de la cumbre, Uribe le recordó a Santos que había sido elegido con una plataforma que descartaba la legalización. Hasta hace poco era impensable que Uribe y Santos se declararan la guerra como lo han hecho. Una gruesa línea los divide hoy.(Escribe: Enrique Chávez)