IDL Reporteros. Eran pasadas las tres de la tarde del jueves 25 de agosto en un casino de apuestas de Monterrey, corazón industrial de México y capital del pujante estado fronterizo de Nuevo León, ahora controlado en buena medida por uno de los más sangrientos cárteles de la droga, los Zetas.
De pronto, el lugar se cargó de fuego y de humo. Un señor mayor se asfixiaba. Mujeres lloraban trastornadas. Se armó una estampida sin salida en lo que terminó siendo la más reciente y una de las peores masacres vinculadas al crimen organizado en contra de la población civil de este país, que duró menos de tres minutos y dejó un saldo de 52 muertos.
Esta pesadilla se vivió a un año del fin del mandato del presidente Felipe Calderón, días antes de su quinto informe ejecutivo, mientras su gobierno opera impotente en un país fracturado por la corrupción y la impunidad, donde cada pedazo del territorio parece pertenecerle a un grupo criminal diferente.
Tres días de luto nacional fueron decretados, mismos que concluyeron el pasado domingo 28, horas después de la captura de cinco presuntos culpables de haber arrojado gasolina dentro del Casino Royale –uno de los muchos que operan en “Las Vegas de México” sin los permisos requeridos y amparado por los políticos de turno– donde más de 70 personas, la mayoría mujeres de la tercera edad, se distraían con promesas de fortuna instantánea, sin sospechar que terminarían asfixiadas o carbonizadas en el infierno de llamas, porque se refugiaron en los baños creyendo que era un asalto, o porque las puertas de salida estaban selladas.
Imágenes captadas por una cámara exterior del lugar de apuestas muestran cómo el grupo de atacantes llega al local con toda tranquilidad, los rostros descubiertos, en al menos tres vehículos, de donde bajan nueve sujetos armados, cargando el combustible que utilizaron para provocar el fuego.
Se trata del más grave ataque a un local en la historia del México moderno, pero no el primero. Apenas el 8 de julio pasado, en una cantina, también en Monterrey, fueron asesinadas, con una frialdad similar a la del pasado 25 de agosto, 17 personas. Hasta el día de hoy no hay detenidos y se ignora la causa de ese ataque.
Para muchos, el caso del Casino Royale marca la debacle de la estrategia oficial de la lucha contra el crimen organizado en este país.
En mayo pasado, ya el local de apuestas había recibido una suerte de ultimátum que obviamente nadie tomó en serio y que los dueños –temerosos, dijeron entonces – optaron por no reportar a las autoridades.
Hombres armados, disparando al aire, irrumpieron en el local, en un ataque atribuido a la delincuencia organizada, para presionar a sus dueños por el llamado pago de “cuotas de piso”. Aquel fue un aviso que no pasó a mayores.
Todo ello coincide con la proliferación de estos negocios –tristemente célebres por ser parte del “aparato circulatorio” del crimen organizado– en los últimos 11 años, en un México plagado de tráfico de influencias en la venta de permisos federales por millones de dólares.