Existe una obligación imperiosa por procurar que el gobierno otorgue recursos económicos para lograr que el Decreto Legislativo N° 1100, que otorga competencias para que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) intervenga en zonas mineras donde exista casos de trata de personas, tenga resultados concretos, aseguró Alberto Arenas, subdirector de CHS Alternativo.
“Es importante que se ponga en agenda pública el disponer de recursos necesarios para poder cumplir con la normatividad, de lo contrario va pasar lo mismo que con otras normas que se dan en el país, de no implementarse porque no se había asignado los recursos necesarios”, mencionó.
En conversación con INFOREGION, Arenas indicó que la actividad minera ilegal genera el aprovechamiento irracional para la explotación sexual o el trabajo forzoso en menores de edad.
“Existe una preocupación de incorporar el tema de trata de personas en el marco de una regulación específica a la minería ilegal, porque ahí se generan ingresos económicos ilícitos que son aprovechados por personas para ofertar sexo con menores de edad o para incorporar a la actividad de la minería ilegal la mano de obra de menores de edad”, aseguró.
El especialista sostuvo que el actual Decreto Legislativo N° 1100 es un conjunto de normas para la lateralización de la minería ilegal en el país, en vista de que se ha hecho un conjunto de medidas dirigidas no sólo a buscar el control-acción en materia ambiental, sino garantizar la salud de la población más vulnerable, en este caso los niños y adolescentes.
“La norma ha incorporado como delitos el trabajo infantil y trabajo forzoso, lo que se hará es velar si en el proceso de intervención se direccione al Ministerio Público para luego ponerlo a conocimiento al MIMDES”, explicó.
Mayor cobertura
Cabe destacar que la acción implica casos de trata de personas como el trabajo infantil, explotación sexual y trabajo forzoso en actividades de minería ilegal las que hasta hace poco era materia de intervención sólo del Ministerio Público y ahora también es de competencia del MIMDES.
Según explicó Arenas sólo en Madre de Dios se han reportado más de mil 900 mujeres afectadas sexualmente en bares y cantinas; ante ello dijo que el MIMDES no ha tenido la fuerza o acción política necesaria para poder entrar y rescatar a las víctimas, “situación que cambiará con la nueva disposición”.
Otro punto que destacó es que la norma también permite que los menores, en el caso que hayan sido captados para acciones subversivas, sean considerados de competencia a nivel del MIMDES.
“Ello va a requerir no sólo de la parte normativa sino también de la parte presupuestal y el desarrollo de capacidades en el aspecto legal – político para que el Misterio de la Mujer haga una intervención efectiva”, dijo.
Recordó que particularmente se puede considerar como zona de intervención a Madre de Dios. “Durante años se sabe que existe explotación sexual en adolescentes, de igual forma para el caso de los menores de edad en Arequipa. Ahí existe explotación laboral”, aseguró.
Comentó que se debe hacer intervenciones en lugares donde es evidente la trata de personas, para construir un modelo de intervención en esos lugares, indicando que se debe tener la fuerza única para poder retirar a las víctimas que están en esos lugares.
“No se trata sólo de entrar y rescatar sino darle protección y asistencia a esta victimas que sabemos que son explotadas, tienen problemas de salud, infecciones de transmisión sexual e incluso mutilaciones”, finalizó.
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