El secretario general a.i. de la Comunidad Andina (CAN), Adalid Contreras se mostró a favor de la erradicación de los cultivos de coca ilegal como una forma de luchar contra el narcotráfico pero al mismo tiempo pidió un mayor control de los insumos químicos que convierten a esta hoja en droga.
En diálogo exclusivo con INFOREGIÓN, Contreras afirmó que la coca en su estado natural no es droga y se le debe reivindicar “por sus enormes bondades nutritivas y medicinales” y por su gran valor cultural para los países andinos en donde el “chacchado”, el “picchado” y el “acullicuy”, son toda una tradición ancestral.
“El problema empieza cuando se combina con insumos y se convierte en cocaína. Por ello es importante el control de los precursores y naturalmente de los espacios de producción ilícita”, manifestó.
Preguntado si eso significaba ser partidario de la erradicación de la coca ilegal, afirmó categóricamente que sí. “Yo estoy de acuerdo con la erradicación de la producción excedente, claro que sí. Pero que no se mezcle con el espacio destinado a la producción licita”, precisó.
Sin embargo, en otro momento de la entrevista con INFOREGIÓN, el representante de la CAN manifestó que pedirá que la coca sea excluida de la lista de estupefacientes prohibidos establecida en la Convención Única de Viena de 1961.
Contreras hizo estas declaraciones en un alto en la reunión de expertos internacionales con organismos y periodistas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que organiza la Secretaría General de la CAN con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del Proyecto de Drogas Ilícitas (PRADICAN).
La reunión se desarrollará hasta el viernes en el Hotel El Pueblo y busca generar un diálogo que permita identificar líneas comunicacionales que movilicen a las fuerzas políticas y a la opinión pública en favor de un discurso novedoso en las políticas públicas de drogas.
En el encuentro participan también expertos gubernamentales y no gubernamentales de los países de la CAN así como expertos internacionales de organismos como la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) y la Unión Europea, entre otros.