Durante casi tres años, Raúl de los Ríos fue el coordinador nacional de las fiscalías ambientales hasta agosto, cuando fue separado intempestivamente de esta institución. Recalca que no fue fácil investigar los delitos ambientales: “Hay grandes intereses económicos y políticos detrás”. Este es un panorama sobre las tareas pendientes que deberá enfrentar el actual gobierno.
¿Cómo ve la situación de la minería ilegal en Madre de Dios?
Para mí, lo que está pasando en Madre de Dios tiene que ver con el crimen organizado. Hay diferentes responsabilidades: los ingenieros del gobierno regional que no fiscalizan, el titular del estudio de impacto ambiental, el habilitador que pone el dinero para comprar el tractor o la retroexcavadora; también está el comprador del oro ilegal, están los funcionarios de la Sunat que no intervienen. ¿Quiénes compran los relaves? ¿Quién transporta los relaves en el norte y sur del país? Son solo dos o tres las empresas que compran oro. Y ese oro se exporta al extranjero. Se tiene que identificar esos grandes intereses.
¿De qué delitos estamos hablando cuando se trata de minería ilegal?
De ninguno, porque hasta ahora el Código Penal solo habla de contaminación, y eso se puede comprobar cuando un equipo especializado del Ministerio Público acude e investiga, pero ese equipo ha sido desactivado por el actual fiscal de la Nación, ya no hay forma de comprobar la contaminación; eso es muy preocupante. Actualmente, a los mineros ilegales solo se les procesa administrativamente. Por eso se tiene que modificar el Código Penal.
¿Ayudaría declarar en emergencia ambiental a Madre de Dios?
Sí, porque la destrucción es grave, están destruyendo los bosques.
Hay un grupo de congresistas que quiere derogar un decreto de urgencia que prohíbe el uso de dragas en Madre de Dios, también hablan de formalizar la actividad minera…
Tenemos que tener en claro que un decreto de urgencia no resuelve el problema; es un ligero antiinflamatorio, no un antibiótico. Hace falta más, se requiere una decisión política contundente. Otra cosa: no podemos hablar de formalizar lo ilegal, lo que se tiene que hacer es reordenar. No podemos perdonar los delitos.
Congresistas como Amado Romero son investigados por delitos ambientales y tienen conflicto de intereses porque son mineros y participan en la Comisión de Energía y Minas.
Estos congresistas deberían, por transparencia, retirarse de la Comisión de Energía y Minas. Y los que tienen citaciones deberían acudir y responder todas las interrogantes.
¿Cuál es la situación de los delitos ambientales en el país?
En el 2008 se formaron 30 fiscalías ambientales en todo el país, aunque no fue fácil porque se tenía que buscar fiscales con experiencia o que se hubieran especializado en temas ambientales. En todo el país, ahora, hay aproximadamente 2.800 procesos de investigación. Se está avanzando, pero falta más apoyo logístico. Los fiscales de la selva, por ejemplo, no cuentan siempre con un deslizador para intervenir en los ríos.
¿Se ha logrado identificar la cadena de responsabilidades penales, desde los extractores ilegales de oro hasta los compradores finales de ese oro ilegal?
Una vez visité la Sunat y me dijeron que no tenían presupuesto para investigar más. Y en el Ministerio de Energía y Minas nos dijeron que muchas veces no se sanciona a los compradores finales. Ninguna entidad del Estado ha fiscalizado la minería ilegal. ¿Qué ha hecho la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina o la Autoridad Nacional del Agua para investigar a los mineros que destruyen los ríos? Mientras, esta ha ido creciendo y ahora aún nadie investiga a los compradores finales.
En Madre de Dios, solo desde la parte administrativa se podría enfrentar el problema. Sunat y Osinergmin podrían clausurar todos los grifos clandestinos o las tiendas que compran el oro de procedencia ilegal…
Eso es precisamente lo que falta, asumir los problemas de manera competencial. El Estado no sabe enfrentar los temas de esta manera. Sunat debería sentarse con el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente,el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el gobierno regional. Y esto no se hace porque hay grandes intereses económicos o políticos de por medio y, en algunos sectores, por falta de capacidades.
La corrupción y la ausencia de fiscalización en la minería ilegal, así como el tema forestal, son evidentes en muchas zonas.
Es necesario un decreto supremo que declare en emergencia el transporte forestal terrestre, aéreo y acuático, y el negocio de los aserraderos. Los exportadores de madera dicen que compran de buena fe, pero es evidente que la madera ilegal ingresa al mercado legal y se exporta. Ellos deberían tomar sus propias medidas para certificar el origen de la madera. En tres años se han intervenido 2 millones de pies tablares. ¿Dónde está esa madera? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué se ha hecho con ella?
¿Y con la minería ilegal?
Es necesario la inmediata rotación de los policías ambientales de Pucallpa, Madre de Dios y Loreto; desde Lima se debe preparar a la policía para que acompañe en cada una de las inspecciones de las concesiones, se tiene que fiscalizar la venta de combustible y el resto de insumos. ¿Quién lo hace?
¿Hay presos por delitos ambientales?
Muy pocos, el Poder Judicial no ha entendido la gravedad de los delitos ambientales. No los comprenden y no están capacitados. Yo les puedo hablar de las características de la caoba y ellos no lo van a entender. La mala ejecución de los artículos del Código Procesal Penal está ocasionando la libertad de los delincuentes y que se continúe con el tráfico de madera. Si bien la pena máxima es de 8 años, hay que entenderlo dentro de un concurso real de delitos y no llegar a la impunidad. Ya es hora de tener juzgados especializados, habría menos impunidad.
Se cuentan con fiscalías ambientales especializadas, pero no hay juzgados ambientales.
Esto trae como consecuencia la impunidad, porque ese juez no entiende que el shihuahuaco, la cumala, el tornillo sí están protegidos; se olvida de que forman parte del patrimonio forestal. Interpreta las normas por desconocimiento, no quiero pensar que es prevaricato. La situación es muy delicada, por ejemplo, en Loreto; la corrupción está muy metida y hay pocas denuncias, se formalizan pocas acusaciones, los jueces terminan archivando los casos. La pregunta es por qué, y es simple: corrupción. Creo que corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público capacitar a los jueces y fiscales en esta materia.
¿Se puede hablar de crimen organizado en delitos ambientales?
Sin duda. No solo hay crimen organizado en materia de recursos naturales, también hay lavado de activos. Lo ideal sería que todos los bancos localizados en zonas madereras o mineras como Pucallpa, Iquitos o Puerto Maldonado evalúen todos los depósitos superiores a los 10.000 dólares. ¿Qué dice la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los recursos naturales? Creo que ellos deberían reportar más estos casos.
¿Por qué el presidente del Ministerio Público decide retirarlo de este sector?
No sé por qué. Yo he cumplido estrictamente las labores de coordinación.
FUENTE: Por: Nelly Luna Amancio Periodista de El Comercio Link: http://ir.pe/4pp8