En su columna del diario Perú 21, el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío, dio su opinión sobre la denuncia del diario El Comercio que señala a la parlamentaria andina del partido Nacionalista, Elsa Malpartida, como ex integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso.
INFOREGIÓN reproduce a continuación la columna de Carlos Basombrío.
Malpartida: ¿culpable o víctima?
El Comercio ha denunciado que la congresista Malpartida estuvo en Sendero. Se ha desatado una polémica sobre el hecho. Doy mi opinión.
1. Sendero no fue una anécdota. Según la CVR fue el principal responsable del peor conflicto de toda nuestra historia; responsable por su ideología y por su práctica de hechos atroces que, a su vez, desencadenaron otros igualmente repudiables por parte del Estado. Alguien que haya estado vinculado, de cualquier manera, a esa violencia y quiera ser luego parte de nuestra vida pública debe ser objeto del mayor escrutinio. (Lo mismo vale para gente vinculada a crímenes de Estado).
2. Las víctimas de Sendero fueron, antes que nadie, quienes en aquellas zonas no cedieron y fueron violentados en todos sus derechos, incluyendo en primer lugar a los miles de campesinos que perdieron la vida. Es verdad que hubo gente que tuvo que participar a la fuerza en esa organización para salvar lo poco que tenían. Y a ellos, también, se les puede calificar como víctimas.
3. Si es cierta la información de El Comercio, Malpartida no parece ser el prototipo de lo anterior. No se arrepintió por “colaborar” con Sendero (“ayudar con las ollas y las gallinas”, como ella dice), sino por ser “mando logístico”, que no es poca cosa e implica haber superado niveles inferiores en la jerarquía de esa organización. Además lo fue por cinco años. ¡Cinco años!
4. Ocultar esa información no es un tema menor y puede ser incluso delito. El abogado de IDL, Carlos Rivera, connotado defensor de los derechos humanos, ha señalado: “lo que tendría que prevalecer es el último acto frente a la administración pública (…) la declaración jurada y no el proceso de arrepentimiento (…); ella postulaba a un cargo público y pese a las prescripciones de la Ley de Arrepentimiento, debió prevalecer el deber de Malpartida de informar que se había acogido a la misma”. Agrega, más adelante, que podría haber cometido el delito de falsedad ideológica. (La República, 4- 11- 2009).
5. El argumento de que se ha revelado información que debería ser secreta es fuerte, pero también sujeto a discusión. El mismo criterio vale para la masiva e ilegal invasión de la privacidad de León Alegría y Don Bieto. La eterna pregunta es la de qué debe hacer un medio con información que le llega obtenida por medios no lícitos, si aquella tiene interés público.
6. Que el gobierno filtró la información y usa el caso como cortina de humo, me parece casi obvio: ¿cambia ello, en algo, el fondo del problema?
Todo ser humano tiene derecho a rehacer su vida si paga sus culpas (incluso los que usan caminos tortuosos como el “arrepentimiento”), pero me parece inmoral e inaceptable políticamente llegar al Congreso ocultando un hecho de esta magnitud.