El Comercio. El cariz que está cobrando el caso del cuestionado ex alcalde Luis Valdez es simplemente escandaloso. Y es que nada justifica que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo haya admitido su candidatura a la reelección en esa municipalidad provincial, cuando el mencionado personaje se encuentra actualmente procesado y detenido en el penal Castro Castro de Lima.
Esto no solo es insólito sino insultante para un país cansado de triquiñuelas legales, coimas y otros actos de corrupción perpetrados por quienes tratan de eludir la mano de la justicia y, como demuestra este caso, también burlarse de ella, al pretender postular a un cargo público cuando aún cargan sobre sus hombros innumerables sospechas que deberían aclarar.
Valdez está procesado no por haber tenido una gestión ejemplar como alcalde de Coronel Portillo. Si las autoridades electorales no lo han olvidado, es juzgado por delitos graves: narcotráfico, lavado de activos y el vil asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, perpetrado en el 2004 y que sigue impune.
Recordemos también que si bien la ley electoral solo inhabilita los derechos políticos de una persona cuando pesa sobre ella una sentencia o una tacha de su candidatura, este personaje no ha recibido sanción ejemplar hasta ahora porque su defensa ha hecho todo lo indecible para dilatar los juicios en su contra. La lista de estratagemas seguida ha sido larga; basta analizar los vaivenes y quiebres que ha sufrido el juicio por el asesinato del periodista Rivera, sin sanción después de ¡seis años!
Pero eso no es todo: mientras un JEE permite que Valdez sea candidato, otro juez le concede conveniente y oportunamente el arresto domiciliario pese a que su detención en el penal de alta seguridad fue confirmada por la Sala Superior. Según se aduce, dos investigaciones judiciales por narcotráfico que lo involucraban acaban de eximir a Valdez y a otros de toda responsabilidad en esos cargos.
Sin embargo, como ha señalado muy bien la procuradora antidrogas, Sonia Medina, nada justifica que estos hechos se produzcan en el país ni que al amparo de la Ley Electoral se facilite la carrera política de un personaje que fue procesado judicialmente por la magnitud de las evidencias en su contra.
¿Nada de esto cuenta para el Poder Electoral y el Poder Judicial? ¿Qué pasa con las autoridades que integran y lideran esas instituciones, hoy coincidentemente desacreditadas ante la opinión pública? ¿Carecen de criterio, sentido común o, simplemente, no saben qué es la ética pública? Lo cierto es que Valdez no debe postular a la alcaldía de Coronel Portillo ni tampoco abandonar hoy la prisión. Para ello se requiere que la justicia atienda la apelación del Ministerio Público que, como ha recalcado la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, pide que se le mantenga detenido en un penal. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones debe atender la tacha interpuesta contra su candidatura.
Por lo demás, sería nefasto que este modus operandi —que ya una vez pretendió poner en práctica Alberto Fujimori— comience a ser tomado como referencia por ciertos políticos cuestionados, que antes de pugnar por un cargo público, primero deberían responder ante la justicia por los delitos que se les imputa.