La República. De no mediar una prórroga de último minuto –y no debiera haberla– a partir de mañana quedará totalmente erradicada la comercialización de kerosene y diésel número 1 en el país, según lo establece un DS publicado en el 2009 y que fijaba el plazo de un año para ello, al haberse comprobado que el kerosene es el insumo químico más frecuentemente utilizado para la elaboración de droga.
En esa decisión pesaron varias razones. La primera, que el avance en el cambio de matriz energética es un hecho en todo el país, al punto que el consumo diario de barriles de kerosene –que era de 22,000 barriles en 1995– ha bajado a 900. La segunda, que se ha comprobado que de esa producción en declive no menos de 120 barriles van al narcotráfico. El Ejecutivo evaluó correctamente que el plazo otorgado para la sustitución de kerosene por gas licuado de petróleo (GLP) era suficiente.
No puede sorprender la constatación de que casi todo el kerosene desviado tenía como destino el Huallaga y el VRAE, donde ingresa por tierra de modo impune valiéndose de una enorme red de corrupción, pues no es concebible que los camiones que lo transportan a supuestos grifos expendedores queden inadvertidos. Entonces, mejor cortar por lo sano e interrumpir el flujo del kerosene, que se vale del pretexto del consumo.
En el citado DS se establece que, para implementar la medida, el gobierno encarga a la Dirección General de Hidrocarburos del MEN la cancelación o modificación de todas las inscripciones en el registro respectivo, que reúne a consumidores directos y distribuidores minoristas. Esta vez habrá simplemente que cancelarlas, ya que si no hay comercialización no tiene objeto que exista producción.
En su momento, hace un año, planteamos nuestro acuerdo con esta medida. Sin embargo, adelantamos dos problemas. El primero en relación con el adelanto de la prohibición de comercialización para el VRAE, una medida que no funcionó, pues el tráfico de kerosene continuó en toda impunidad; la segunda, que el kerosene no es el único insumo químico utilizado para producir PBC.
En efecto, también se utilizan los ácidos sulfúrico y clorhídrico, que se fabrican en el Perú y pueden ser comprados en gran cantidad. Es previsible, entonces, que los narcos y sus proveedores se trasladen del kerosene a estos ácidos, igualmente transportables en camiones o bajo la forma de contrabando hormiga y aún más dañinos para el medio ambiente.
De ahí que el combate a la corrupción que permite el paso de insumos sigue en pie, así como el control satelital de los camiones que ingresan a las zonas cocaleras. Ojalá que esta prohibición no termine burlada.