(El Comercio) Se ha dado un buen paso. Por ahora es un compromiso ético, pero en el futuro debe convertirse también en una norma legal de obligatorio cumplimiento por todo aquel que quiera incursionar en política y regir los destinos de los peruanos de cualquier circunscripción.
Son 18 los partidos y agrupaciones que han suscrito el pacto ético contra la infiltración del narcotráfico, promovido por Devida.
Debemos resaltar la preocupación de la mayoría de partidos por el tema, sobre todo en vista de las situaciones extremas a que ha llevado la incursión del narcotráfico en países como Colombia o México, al ocupar territorios donde impone su ley o asesinar impunemente a autoridades y bandas rivales.
No podemos cerrar los ojos a las nefastas pretensiones de las mafias del narcotráfico, que se confabulan con grupos terroristas para complotar contra el Estado de derecho y seguir actuando con total libertad e impunidad en algunas zonas de la selva.
No solo eso. Según análisis de Devida y de otras entidades técnicas, el Perú sigue siendo el segundo productor mundial de cocaína, lo que implica un enorme flujo de dinero sucio, de entre 3 mil millones y 6 mil millones de dólares por año, que busca formas de legalizarse. De allí la importancia de continuar con políticas contra lavado de activos, para detectar empresas que son mascarón de proa de mafias de narcotraficantes.
La política es otro objetivo de estos grupos, precisamente para evitar la firme y adecuada reacción de los organismos del Estado. ¿Cómo lo hacen? Pues infiltrando a los partidos políticos con posibilidad de llegar al poder, como ya ha sucedido en el pasado con ciertos congresistas nacionalistas y apristas, o financiándolos de modo indirecto a través de seudoasociaciones o grupos que pretenden reivindicar a cocaleros ilegales.
Luego les pasarán la factura, presionándolos para abortar leyes, morigerarlas o imponer candidatos a alcaldías y presidencias regionales en las zonas que les interesa controlar. En tanto, aún hoy seguimos esperando que se diluciden procesos penales por narcotráfico que involucran a políticos o congresistas.
Ante la inminencia de elecciones locales y regionales, los políticos deben tomar muy en serio este compromiso ético, que resulta una cuestión trascendental para reafirmar el principio de autoridad y el orden legal, así como para desterrar el nefasto prospecto de convertirnos en un “narcoestado”.
No puede optar a un cargo público alguien que es afín o financiado por el narcotráfico. ¿Cómo podría defender la democracia y el orden quien es apoyado por esas mafias que promueven el desorden y la anarquía para imponer sus propias reglas a sangre y fuego? ¡El agua y el aceite!
Actualmente, corresponde al JNE y la ONPE exigir que los partidos y movimientos políticos presenten las hojas de vida que consignen los datos relevantes de la experiencia laboral académica, política y judicial de los candidatos. En el futuro cercano, también debe exigírseles que presenten una declaración jurada de los aportes que reciben y especifiquen cómo y de dónde vienen, sometiéndose a las más duras sanciones, incluso la proscripción de la vida política, si transgreden dicha obligación.